La universidad pública no se defiende con frases sueltas: se defiende con presupuesto, con aulas, con becas y con carreras que sostienen a miles de familias. En Paraná, los decanos de la UNER salieron a decirlo sin rodeos, con bronca contenida pero con el dato puesto sobre la mesa. El reclamo no es una queja de pasillo: es una advertencia sobre lo que puede pasar si la ley de financiamiento vuelve a quedar en el aire.
Este martes, los decanos de la Universidad Nacional de Entre Ríos repudiaron la decisión del Gobierno nacional de no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Y no se quedaron en el repudio: convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre, a las 17, en la Plaza 1° de Mayo de Paraná. El mensaje es claro: si el Estado no pone los recursos, la universidad va a tener que salir a la calle a pedirlos.
Rosana Pieruzzini, decana de la Facultad de Trabajo Social, puso el dedo en la llaga: el presupuesto presentado por el Ejecutivo está un tercio por debajo de lo que las universidades necesitan para funcionar. “En esta quinta marcha necesitamos volver a decir que se cumpla la ley de financiamiento universitario”, sostuvo. El dato no es menor: no se trata de una cifra redonda para asustar, sino de un recorte que golpea directamente a la capacidad de sostener carreras, investigación y servicios.
La decana amplió el reclamo y lo llevó al territorio: defender la UNER también es defender la formación de profesionales en Entre Ríos, capaces de responder a los problemas y necesidades locales. “La calidad de nuestros profesionales es conocida porque están en todas las ciudades de nuestra provincia”, planteó. Y sumó un pedido directo a los legisladores entrerrianos: que acompañen el debate porque el Presupuesto 2027 no es un trámite, es una decisión que va a marcar el futuro de la educación superior.
El rector de la UNER convocó a legisladores y legisladoras nacionales a una reunión para el viernes, a las 16, en el Rectorado, para discutir la situación de las universidades en el marco del Presupuesto 2027. Ahí no va a estar en juego solo una partida presupuestaria: va a estar en juego la posibilidad de que la universidad pública siga siendo un espacio de acceso, investigación y permanencia. Si la ley no se cumple, el costo no lo van a pagar solo los docentes: lo van a pagar los estudiantes, las familias y el desarrollo productivo de la provincia.
José Biurrun Manresa, investigador y bioingeniero egresado de la UNER, le puso el cuerpo al reclamo desde la experiencia: la universidad pública es movilidad social. “No pedimos algo sin compromiso a cambio”, afirmó, y convocó a las familias con hijos en la secundaria a caminar el jueves y hablar con investigadores y docentes. “Los invitamos a que vengan a caminar con nosotros el jueves, a que charlen con un investigador, con un docente, acerca de qué es lo que realmente implica la Bioingeniería, el Trabajo Social, la Kinesiología, las Ciencias de la Salud y todas las carreras que ofrece la UNER”, expresó. La defensa de la educación universitaria, sostuvo, “no debería tener color partidario o político”.
Anahí Stahringer, estudiante universitaria, describió la parte que no aparece en los informes oficiales: el alquiler, el transporte, las becas bajas y la necesidad de combinar el estudio con varios trabajos. “La universidad pública no solamente es estudiar”, subrayó, sino también contar con alimentación, residencias, becas, acompañamiento y espacios que permitan permanecer y egresar. Detrás de cada aula hay una vida que se sostiene con esfuerzo, y ahí es donde la ley de financiamiento deja de ser un tema técnico para convertirse en una cuestión de derechos.
La marcha del jueves no es solo una foto para las redes: es una señal de que la universidad pública no se resigna a ser un eslabón débil del Estado. Si el Gobierno nacional insiste en no cumplir la ley, la cuenta te va a llegar con intereses: menos investigación, menos profesionales, menos oportunidades y una provincia que pierde capacidad de desarrollarse. En Paraná, la pregunta ya está en la calle: ¿hasta cuándo se va a seguir postergando lo que la ley manda?
