El debate por los biocombustibles volvió a encender la agenda en Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Las pymes elaboradoras de biodiésel piden a la Cámara de Diputados que rechace o modifique el proyecto que cambia el régimen de cortes. La advertencia es dura: si avanza tal como salió del Senado, muchas empresas pequeñas van a quebrar.
“De avanzar el proyecto tal como salió del Senado, se van a ver perjudicadas las empresas pymes que hacen biodiésel (…) y muchas de ellas van a quebrar”, advirtió Federico Martelli, integrante de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles. El tema ganó lugar en la agenda entrerriana luego de que el diputado nacional Guillermo Michel pidiera una reunión con la Bolsa de Cereales de Entre Ríos para conocer la posición del sector y de los productores vinculados a los biocombustibles.
Hoy, todo el diésel que se vende en la Argentina lleva un 7,5% de biodiésel, y ese porcentaje lo abastecen las pymes. “Ese biodiésel hoy lo hacemos todas las pymes”, explicó Martelli. El proyecto eleva el corte obligatorio al 10%, pero reserva para las pymes solo el 4%. El 6% restante quedaría en manos de las grandes aceiteras.
“Si hoy las pymes hacemos el 7,5% y nos bajan al 4%, significa que la mitad de las pymes, al menos la mitad de las pymes que operan, van a quebrar”, advirtió Martelli. Las primeras en caer, según el dirigente, serían las más alejadas del puerto de Rosario, “porque son las que más pagan para llevar el aceite hasta sus plantas”: las de Entre Ríos, San Luis, La Pampa y el sur bonaerense.
Martelli explicó por qué, a su entender, la competencia es desigual. Por un lado, por la escala: “Las grandes aceiteras son hasta 20 veces más grandes que una pyme”. Por otro, porque controlan la materia prima. “La pyme le tiene que comprar a la aceitera el aceite de soja para competir contra la misma aceitera que se lo está vendiendo”, señaló.
A eso sumó las ventajas impositivas de las grandes compañías: “Hay una cancha inclinada que impediría a las pymes seguir funcionando”. Para graficarlo, planteó el caso de una pyme de Nogoyá o Aldea María Luisa que tuviera que competir “mano a mano contra Dreyfus, contra Cargill, contra Cofco, contra AGD, para abastecer el mercado interno”.
Y recurrió a una comparación: “Si vos ponés cinco autos de Fórmula 1 en el Turismo Carretera, ¿eso es una competencia? No, eso no es una competencia”. Martelli rechazó que el sector se oponga a competir, como sostiene el oficialismo. “No es que no queremos competir. Queremos competir entre empresas similares”, aclaró.
La cámara propone dividir el mercado en dos. “Lo que nosotros estamos planteando es que haya un segmento reservado para las pymes, que las pymes compitan entre sí en ese segmento”, explicó. Esa competencia, dijo, permitiría “bajar los precios, optimizar la producción, elevar la productividad”. El otro segmento sería de libre mercado, para que las grandes aceiteras compitan entre ellas.
Según la cámara, si el proyecto se aprueba sin cambios se perderían 1.500 puestos de trabajo directos y 8.000 indirectos. Además, muchos pueblos perderían “una agroindustria que hoy está instalada en sus municipios, que genera empleo de calidad, que tributa y que contribuye al desarrollo económico de la región”.
Martelli cuestionó que la medida no tiene “ninguna externalidad positiva”. “¿Va a bajar el precio del biodiésel? No. ¿Va a haber más empleos? No, va a haber menos empleos. ¿Va a haber más inversión? No”, enumeró. Según explicó, la Argentina tiene capacidad instalada para producir 4 millones de toneladas de biodiésel, mientras que la demanda sería de 1,2 millones.
El proyecto sigue en la Cámara de Diputados, y el sector espera una modificación que preserve el cupo de las pymes. En medio de la discusión, el dato que más pesa es el impacto sobre los pueblos pequeños: si el corte baja al 4%, la quiebra no sería solo un número, sino el cierre de plantas, empleos y desarrollo económico en varias provincias.
