La Mesa de Jubilados de la Plaza 25 de Mayo volvió a pedir la Banca del Pueblo para hablar del corte del convenio entre PAMI y el Sanatorio Concordia. Según indicaron, hasta ahora no recibieron respuesta y la preocupación sigue girando en torno al acceso a la atención médica de los afiliados.
Cabrera remarcó que ni siquiera se planteó llevar el tema al recinto para que el oficialismo exponga las razones por las que se niegan a que la Mesa ocupe la Banca. Se preguntó si tanto preocupa una postura que se pueda argumentar en 10 minutos y que, según él, va en contra de un modelo de ajuste.
El referente insistió en que buscan exponer la situación de los beneficiarios con datos, no una confrontación con los ediles de Juntos por Entre Ríos. «Si ellos salen con una propuesta, con gusto nosotros vamos a acompañar», dijo. Lo que observan, sostuvo, es que no hay ninguna inquietud desde el oficialismo.
Además, recordó que enviaron una nota mucho tiempo antes de que se termine el convenio y nunca obtuvieron respuesta. En el cuerpo deliberativo se decidió convocar a una reunión después de que se cayera el convenio, pero, según indicaron, PAMI no acudió porque desconfiaban de las intenciones de los ediles.
Desde la UGL los ven más preocupados por sacarse una foto y mostrarse haciendo alguna gestión que por hallar una salida real al conflicto. Cabrera también mencionó que tramitaron una audiencia con el intendente Francisco Azcué hace tiempo y que, hasta ahora, tampoco hubo respuestas.
Con la situación actual, indicó que seguramente no los va a atender porque está ocupado con las inundaciones. Pero recordó que hace dos semanas reclamaron un espacio para pedir que se declare la emergencia sanitaria en la ciudad. Si accediera, sostuvo, debería mejorar de inmediato la atención de la Asistencia Pública.
Cabrera dijo que actualmente la Asistencia Pública solo presta algunos servicios que en los hospitales no se pueden resolver en forma rápida. Destacó que allí se atienden con eficiencia las vacunaciones y la asistencia para personas con algún grado de discapacidad, que en algunos casos acuden por el déficit de atención de las obras sociales.
En general, pidieron que la intendencia y la Provincia refuercen los recursos para los centros de salud municipales y para hospitales como el Ramón Carrillo o el Felipe Heras. El director del Heras, Juan Ramón Sansó de La Madrid, había señalado en junio que la antigua maternidad del ala este está cerrada desde 2005 y tiene un deterioro importante.
Según el director, cuando el gobernador Rogelio Frigerio recorrió los pasillos tiempo atrás, le entregaron una carpeta con un proyecto para refaccionar ese sector y instalar una sala de internación para adultos mayores con 50 camas. En épocas de demanda intensa, como el invierno, muchos no encuentran cama en el Masvernat o en los privados. «Acá vienen también, pero la capacidad nuestra es reducida a lo que podríamos tener», dijo. «Necesitamos refaccionarlo para esa finalidad», añadió.
Cabrera recordó que había un proyecto para que la CAFESG implementara la recuperación de ese sector del Heras y el mejoramiento del ex hospital Ramón Carrillo, hoy centro de salud. «Todo eso está en el aire. Todo dicen, todo está por hacerse pero nunca se concreta», dijo.
El marco normativo está en la Ordenanza N.º 31844, sancionada el 28 de septiembre de 2000 y promulgada el 9 de octubre. Esa norma es el marco de la discusión sobre la Banca del Pueblo.
La pregunta queda en el aire: si el reclamo no es confrontación, ¿por qué no se abre la puerta? En un tema de salud, el silencio no es neutralidad: es una señal que también pesa sobre los afiliados.
