Un grupo de profesionales de Gualeguay volvió a meterle mano al expediente que avaló la caza de cuatro especies de patos autóctonos en Entre Ríos. La presentación, radicada ante la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, cuestiona la validez científica del informe que sirvió de base para autorizar la actividad.
El reclamo quedó registrado bajo el Expediente Nº 3453784 y se hizo después del cierre de la temporada de caza, el 23 de agosto. Los denunciantes señalan presuntos errores técnicos y estadísticos que, a su entender, comprometen la confiabilidad del documento y justifican su nulidad.
El documento en cuestión es el Informe de campaña 2026, elaborado por la consultora privada EMAFA y financiado por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético. Según el informe técnico que acompaña la denuncia, el estudio contendría al menos diez vicios graves que ponen en duda la calidad de la información utilizada para fundamentar la autorización de la caza deportiva.
Los profesionales sostienen que las observaciones detectadas evidencian una falta de rigor científico y de transparencia, además de problemas que impedirían contar con datos confiables sobre el estado de las poblaciones de patos en la provincia. Por ese motivo, piden que se declare la nulidad del estudio y que se realicen nuevas evaluaciones con respaldo técnico y científico.
La denuncia no aparece sola: se suma a la demanda judicial que varias organizaciones ambientalistas y de protección animal presentaron contra el Gobierno de Entre Ríos por autorizar la caza de aves autóctonas. Ahora, los denunciantes piden que se revise el estudio utilizado para habilitar la actividad y que se investiguen los errores técnicos que señalan.
El punto central no es menor: si el informe tiene fallos técnicos, la base para habilitar la caza se debilita. No se trata de un reclamo de opinión suelta, sino de una presentación formal con un expediente de por medio y con un informe técnico que acompaña la denuncia.
La consulta que queda en el aire es simple: ¿con qué datos se tomó la decisión? Si el estudio no puede sostenerse, la autorización pierde sustento. Y si el Estado usó un informe privado para avalar una actividad sobre especies autóctonas, corresponde revisar el procedimiento.
El reclamo también pone en el centro la necesidad de transparencia: no alcanza con decir que se autorizó la caza; hay que mostrar la calidad de la información que respalda esa decisión. En un tema ambiental, la credibilidad no se construye con un solo informe, sino con controles, revisiones y datos verificables.
Por ahora, la pelota está en el campo de la revisión administrativa y judicial. La denuncia pide que se investiguen los errores técnicos y que se realicen nuevas evaluaciones; la demanda ambiental ya está en curso. Lo que viene va a definir si la caza de patos en Entre Ríos se sostiene con respaldo científico o queda expuesta a una revisión de fondo.
