Chaco y Corrientes, fuera de Entre Ríos, quedaron bajo la lupa de la Justicia federal por una supuesta amenaza de tiroteos en escuelas. La alerta surgió a través de consultas en ChatGPT y un reporte del FBI.
En la causa, el usuario identificado como I. Z. habría afirmado que tenía un plan para perpetrar un tiroteo en distintas instituciones educativas. También habría asegurado que poseía una pistola, bombas caseras, cócteles Molotov y aproximadamente 400 cartuchos de calibre 9 milímetros.
La pesquisa comenzó con un reporte del FBI que alertaba sobre consultas y búsquedas realizadas por un usuario de ChatGPT. Con ese dato, los detectives judiciales buscarán establecer la verosimilitud de la amenaza y los eventuales alcances del plan, que supuestamente iba a ejecutarse el 28 de octubre.
La conexión a Internet fue geolocalizada en Presidencia Roque Sáenz Peña, y el fiscal federal Carlos Martín Amad ordenó medidas para identificar al usuario y determinar su residencia. Gendarmería estableció que el sospechoso tenía un domicilio fiscal en Machagai y otro alternativo en Resistencia, a unos 130 kilómetros de distancia.
Los gendarmes localizaron el punto asociado a la conexión en inmediaciones de una plaza, a dos cuadras de la avenida Malvinas Argentinas, cerca de uno de los establecimientos educativos que, según los reportes, iba a ser blanco del eventual ataque. El relevamiento de redes abiertas indicó que el sospechoso tendría una vinculación académica con la Universidad de la Cuenca del Plata y viviría con su madre y su hermano.
El juez federal subrogante Fernando Carbajal ordenó un allanamiento en la vivienda de la avenida Hipólito Yrigoyen, con el objetivo de secuestrar armas, municiones, explosivos, dispositivos electrónicos y documentación vinculada con una eventual planificación. No se secuestraron armas ni explosivos que el sospechoso decía poseer, pero sí tres notebooks, una PC de escritorio, un monitor, tres celulares y un pendrive.
Los investigadores incautaron dos agendas con anotaciones que, según la evaluación preliminar, podrían estar vinculadas con la planificación: coordenadas de dos colegios de Presidencia Sáenz Peña y uno de Corrientes, referencias sobre cómo usar las armas y un plan de escape. También aparecieron dos cuchillos, dos facas de fabricación casera, dos barretas, un cortafierros, un machete, un martillo, un punzón y un bidón metálico vacío de diez litros de combustible.
En el mismo procedimiento se incautó el libro El tren de la muerte, con una esvástica y un halcón en la tapa, y 3.280.000 pesos, de los cuales 3.240.000 estaban dentro de una caja de parlante guardada en una mochila. El fiscal Amad dispuso el secuestro de dos jóvenes de 19 y 22 años, que quedaron inicialmente alojados en la comisaría 1ª y la comisaría 6ª de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Los jóvenes ya declararon ante la Justicia y dijeron que había sido “una broma”. Después se les decretó la prisión domiciliaria preventiva, mientras los detectives judiciales avanzan en el peritaje de los dispositivos y las agendas.
La causa sigue en etapa de investigación, y la Justicia intenta determinar si las anotaciones, los dispositivos y las declaraciones permiten acreditar un plan concreto o si el plan no tiene un alcance mayor. Esa diferencia puede ser decisiva para la calificación final.
El caso muestra que la inteligencia artificial puede convertirse en un testigo involuntario: cada consulta, cada búsqueda y cada frase pueden quedar registradas. En una época donde las amenazas se ensayan primero en la pantalla, la velocidad de la investigación y el rigor del peritaje serán la diferencia entre un susto y una tragedia evitada.
