Acá te contamos: la legisladora Osuna salió al cruce del gobernador Frigerio y lo acusó de responder con un fraude a su pedido de acceso a la información pública sobre Teknofood. El escrito, fechado en octubre, remite a un pedido presentado el 14 de agosto de 2026 bajo la Ley 11.191.
Según la carta, el gobierno cumplió el plazo, pero contestó sin responder a los requerimientos. Las falsas respuestas ocultaron razones reales y dejaron vacíos sobre cuestiones centrales, sin fundamentos ni documentación.
La legisladora pregunta qué estudios hizo el Ejecutivo sobre el impacto en proveedores locales. El texto oficial no reconoce ningún estudio específico, aunque la medida afecta economías locales y cerca de 1.200 comercios entrerrianos. En su lugar, el mensaje menciona alivios impositivos generales para los comercios, sin precisar instrumentos que compensen la pérdida de ingresos.
También cuestiona qué antecedentes se evaluaron sobre Teknofood. La respuesta menciona contrataciones anteriores, pero no incorpora evaluaciones de esos distritos o provincias. Tampoco informa si hubo sanciones, incumplimientos u observaciones, que la carta sostiene que sí las hubo, ni acompaña la documentación solicitada.
El punto más duro es el costo. La ministra Berisso explicó a distintos medios que el presupuesto anual 2026 para desayunos y meriendas era de $22.000 millones.
Luego, el director de Comedores comunicó un presupuesto de $42.669.617.445 para 2026. Sin embargo, la adjudicación a Teknofood alcanza los $101.726.784.000 para los ciclos 2026 y 2027.
La carta señala que no se justifica la diferencia entre el presupuesto inicial y el monto adjudicado. Tampoco hay desagregación entre alimentos, empaque, almacenamiento, depósito, transporte y otros servicios.
Solo se refiere al valor de $1.600 por ración, de los cuales $320 son costos logísticos. En ningún lugar hay referencia justificatoria del esfuerzo económico que el Gobierno decidió asumir.
El texto sostiene que el cambio se limita a la modalidad de abastecimiento de alimentos y permite liberar a los equipos directivos para concentrarse en la enseñanza. La carta pregunta si se consultó a docentes sobre esta y otras cuestiones conexas.
La carta sostiene que las escuelas pueden atender las necesidades alimentarias de su comunidad. Ese rol también forma parte de la política educativa, según el escrito.
El escrito no incluye una respuesta del gobernador ni un descargo que desmonte las denuncias. La polémica queda instalada en el centro de la discusión pública. El caso vuelve a poner sobre la mesa la transparencia en la gestión de fondos públicos y la rendición de cuentas.
