En Concordia se abrió una investigación administrativa contra Carlos Monzón, empleado municipal del Departamento de Culto, por el presunto uso de un certificado médico con sello y recetario atribuidos al médico Marcelo Eitel Kuhne.
El Decreto 887/2026, firmado el 30 de septiembre por el intendente Francisco Azcué y la secretaria de Gobierno Patricia Laura Rodríguez, publicado en el Boletín Oficial, ordena cerrar la información sumaria previa y avanzar con un sumario disciplinario.
La denuncia original llegó a la Unidad Fiscal de Concordia el 27 de enero de 2025. En ese momento, Kuhne trabajaba como médico especialista en Medicina del Trabajo en el área de Reconocimiento Médico de la Municipalidad.
La situación no es menor: acá se trata de un certificado que, según la denuncia, fue presentado para justificar la situación de un empleado. En el expediente, la discusión no es solo médica: también entra la responsabilidad disciplinaria del empleado y el marco normativo municipal.
Según el expediente, el profesional denunció que su sello y su recetario habrían sido utilizados sin autorización. La presunta irregularidad fue advertida por Juan Manuel Uranga, encargado administrativo del área, quien observó diferencias en la letra y la firma del certificado presentado por Monzón.
Uranga también señaló que el sello y el membrete parecían fotocopiados. Kuhne explicó que le resultaba llamativo que se presentara un certificado a su nombre para justificar la situación de un empleado municipal, sobre todo porque rara vez emitía certificados para personal de la propia Municipalidad.
El punto sensible es que la denuncia penal había sido archivada el 6 de febrero de 2025. El decreto no precisa los motivos de esa decisión, pero el Departamento de Sumarios recomendó investigar por la vía administrativa.
El archivo penal no cierra la cuestión administrativa. En este tipo de casos, la Unidad Fiscal y el Departamento de Sumarios pueden recorrer caminos distintos: uno mira la posible punibilidad, el otro evalúa el incumplimiento de la norma municipal. Esa diferencia es la que ahora le da peso al decreto.
La Dirección de Asuntos Jurídicos respaldó la recomendación mediante el Dictamen 1.333/2026. El objetivo es determinar posibles incumplimientos de la Ordenanza 11.275/49, que fija obligaciones y causales disciplinarias para el personal municipal.
El decreto designa a la abogada Gisela Araceli Trentin, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, como instructora sumariante. En la práctica, el municipio le da un marco formal a una investigación que empezó con una denuncia de un médico municipal.
En el texto del decreto no aparece un descargo de Monzón; la investigación administrativa recién comienza.
