La justicia de Colón le puso fecha al intendente: el 15 de octubre, José Luis Walser deberá declarar como imputado, junto a Gimena Paola Bordet y Mariano Bravo, por el presunto uso de un vehículo municipal en un viaje a Brasil.
La Unidad Fiscal de Colón dispuso la citación en el marco del Legajo Nº 204/2026 y la investigación apunta al 9 de diciembre de 2025, fecha en la que, según la hipótesis fiscal, un rodado oficial habría sido utilizado para cruzar a la República Federativa de Brasil.
El dato que pesa en el expediente es simple y fuerte: el vehículo habría llevado a Walser, a su esposa y a sus hijos hacia territorio brasileño. En el camino, el rodado sufrió un siniestro vial en Rio Grande do Sul y el episodio derivó en una causa penal por el presunto delito de peculado.
Para Mariano Bravo, la Fiscalía también analiza una posible responsabilidad por los delitos de encubrimiento y omisión de denuncia. La citación se dictó en los términos del artículo 375 del CPPER y, como marca la norma, declarar como imputado no equivale a una condena.
El punto no es menor: un rodado municipal no es una herramienta de uso privado, sino un bien público que se maneja con reglas, controles y responsabilidad. Si la investigación termina de confirmar el presunto uso indebido, el caso va a dejar una huella fuerte en la confianza vecinal.
Acá hay que separar las cosas con cuidado: una citación no es una sentencia y la presunción de inocencia sigue vigente. Pero también hay que entender que el expediente no se trata solo de un viaje, sino de un rodado municipal, un siniestro en el exterior y una investigación que puede terminar con nombres propios en el centro del debate.
La hipótesis que se investiga es que el vehículo habría sido utilizado por Walser, su esposa y sus hijos para viajar a Brasil. El siniestro ocurrió en Rio Grande do Sul y ahora la causa deberá establecer las circunstancias del viaje, las responsabilidades que pudieran corresponder y el vínculo con el accidente.
En Colón, la noticia va a correr porque toca a un jefe comunal y a un bien municipal. La pelota ahora está en el terreno probatorio: la Fiscalía tiene que acreditar los hechos, la defensa va a tener que explicarlos y la opinión pública va a mirar de cerca cada paso de esta investigación.
El cierre, por ahora, es una cita con la justicia y una pregunta que se queda flotando: ¿qué pasó realmente con ese rodado municipal? La respuesta no puede ser un chisme ni una versión suelta, sino un expediente que se arme con pruebas, actas, testimonios y la claridad que exige una causa penal.
