La renuncia no cayó un lunes cualquiera: llegó con el peso de una contratación que ya había puesto en jaque a la gestión municipal. Mediante el Decreto Nº 929/2026, fechado el 8 de octubre, el intendente Francisco Azcué aceptó la renuncia indeclinable del contador municipal Diego Paolo Cutro y designó interinamente a Ramón Raúl Ruiz, empleado de carrera.
El texto invoca motivos de salud y aclara que Cutro seguirá siendo empleado municipal dentro de la Contaduría. Ese es el fundamento formal. Pero el movimiento llega en medio de una polémica que ya alcanzó a funcionarios políticos técnicos, derivó en denuncias penales y puso bajo discusión los procedimientos usados para contratar a VITSA Soluciones Ambientales S.A., la empresa que presta el servicio parcial de recolección de residuos en Concordia.
El cambio no aparece aislado. La conducción de la Contaduría ya había registrado durante la actual gestión la salida de otra profesional, la contadora Silvina Rougier, quien luego pasó a desempeñarse en Tesorería. Que dos profesionales de carrera hayan dejado sucesivamente el área, en un contexto de cuestionamientos sobre procedimientos de alto impacto económico, obliga a mirar más allá de los simples movimientos de personal.
La denuncia penal también menciona a Silvina Raquel Rougier, excontadora municipal y actual tesorera. Según el escrito, habría ejecutado materialmente el pago cuestionado por la contratación directa de VITSA y habría omitido practicar la retención correspondiente a la Tasa Comercial municipal. El escrito no aporta la versión de la denunciada.
Tres semanas antes, el tema ya estaba sobre la mesa: Cutro evaluaba dejar su cargo y, según fuentes municipales, existían conversaciones internas para intentar convencerlo de que permaneciera en sus funciones. No es un dato menor. En un municipio, la salida del contador no es un trámite de oficina: es una señal de tensión que se lee en el tablero político.
La importancia de la Contaduría se comprende mejor al revisar la Ley Nº 10.027, Orgánica de Municipios de Entre Ríos. Los artículos 137 y 138 establecen responsabilidades vinculadas con el control interno de la actividad presupuestaria, económica, financiera y patrimonial del municipio, así como con la intervención en compras, contrataciones y órdenes de pago. El contador debe observar por escrito los gastos o pagos que considere contrarios a las disposiciones vigentes, dentro de su competencia.
No se trata de una formalidad burocrática. La intervención profesional forma parte del circuito mediante el cual la administración autoriza y ejecuta el gasto público. La firma del contador compromete responsabilidades propias y no puede confundirse con una mera certificación automática de las decisiones políticas.
El artículo 139 contempla responsabilidades civiles, administrativas y penales para los funcionarios que intervienen en la ordenación y el control de pagos ilegítimos, de acuerdo con las conductas y circunstancias previstas por la norma. La legislación también establece un procedimiento para los casos en que el Ejecutivo insiste en una orden previamente observada. Ese marco permite entender por qué la conducción de la Contaduría adquiere especial relevancia cuando existen cuestionamientos sobre una contratación y sobre el procedimiento utilizado para autorizar los pagos.
La renuncia de Cutro y la designación interina de Ruiz no cierran el debate, lo empujan más adentro. El municipio deberá explicar con claridad cómo se revisará el procedimiento de la contratación de VITSA y qué control interno se activará para evitar que la tensión se siga resolviendo en tribunales. En Concordia, el tema ya no es solo de basura: es de gestión.
