“¿Dónde está el gobierno progresista?”: la pregunta que la protesta repite en España ya no es un reclamo menor, sino un termómetro político. Desde la Puerta del Sol de Madrid, la acampada que empezó el sábado pasado por la noche ya suma más de dos mil carpas. La imagen es clara: el descontento por la vivienda dejó de ser un tema social y se convirtió en una presión directa sobre el poder.
Este sábado, miles de inquilinos y propietarios marcharon en más de veinte ciudades para pedir una huelga general que, de todos modos, solo sería posible si los sindicatos laborales se suman. El dato importa: la movilización no viene solo de un sector, sino de una franja amplia de la sociedad. Ahí aparece el riesgo político: cuando el reclamo es transversal, ningún discurso de campaña lo puede encasillar fácil.
El intento del gobierno de Pedro Sánchez de desinflamar la urgencia habitacional se cayó el viernes en el Congreso, cuando Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya se opusieron a dos decretos aprobados por el Consejo de ministros. Las medidas apuntaban a restringir desalojos, prolongar en automático contratos de alquiler y evitar que los fondos buitre compren casas para especular. Ese “no” dejó expuesta la fragilidad de la coalición que sostiene al gobierno.
La vulnerabilidad no es menor: los socios parlamentarios que en 2023 pactaron la reelección del socialista a cambio de concesiones, algunas todavía pendientes, ahora hunden al Ejecutivo en una parálisis que se siente en la calle. Esa tensión inyecta frustración y enojo en una movilización que, por estos días, comanda el sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid. La pregunta incómoda es si el gobierno puede seguir administrando el conflicto o si la presión lo va a empujar a mover las fichas.
“Gracias por tanto. Somos increíbles, somos imparables”, exclaman a través de las redes sociales. “Estamos cambiando este país desde abajo y no vamos a parar hasta acabar con el rentismo”. El tono no es solo de protesta: es de autoafirmación colectiva. Y tiene tres prioridades claras: bajar los alquileres a la mitad, expropiar a los fondos buitre y que los contratos de alquiler vigentes y por venir sean indefinidos.
Hay un rasgo que no se puede ignorar: la transversalidad. El reclamo inquieta a jóvenes y personas mayores, a solteros y a quienes ya formaron familia, a estudiantes, trabajadores y jubilados. Esa amplitud recuerda, con ecos, la movilización de 2011 que años después dio origen a Podemos. La especulación política lo mira con distancia, pero también con cálculo: quién se lleve ese “tesoro” electoral puede cambiar el mapa.
El revés parlamentario sobre los decretos de vivienda también despabiló la posibilidad de convocar las urnas antes de tiempo, una potestad que solo tiene Pedro Sánchez. En su entorno, lo definieron como “un fin de semana de reflexión”. En el PSOE, no hay acuerdo sobre la salida: algunos creen que están dadas las condiciones para un adelanto electoral que podría movilizar a los votantes progresistas, porque esta vez las “buenas intenciones” del gobierno fueron frenadas por una derecha que, según esa lectura, le debe favores a los grupos de poder.
Otras voces respetadas dentro del partido recuerdan que la crisis migratoria en Ceuta aún no está resuelta y que el ingreso masivo de 80 mil inmigrantes desde Marruecos a fines de julio le podría pasar factura al gobierno. Sánchez, recluido en el Palacio de la Moncloa, evalúa más de un escenario posible. Podría disolver el Parlamento y convocar elecciones que, por normas electorales, serían el domingo 29 de noviembre.
Otra opción es presentar un nuevo decreto para aliviar la tensión en vivienda y alquiler. Los partidos a la izquierda del PSOE se reunirán este domingo para plantear estrategias, en caso de que las elecciones sean este año y no en 2027.
