Bolivia entró en una nueva tormenta política: la noche del miércoles, policías encapuchados detuvieron al fiscal general Roger Mariaca, a otros cuatro fiscales y a policías, en un operativo que buscaba además apresar a un exministro. Las aprehensiones se hicieron sin orden judicial y el Ejecutivo anunció que designará otro fiscal general.
La movida no cayó bien en el tablero político. Evo Morales la calificó de «golpe institucional» y sostuvo que los hechos ratifican que en Bolivia gobierna Estados Unidos. Según la denuncia, la maniobra busca salvar a Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, y también al presidente Rodrigo Paz y su familia.
El respaldo llegó desde Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó ayer su apoyo al presidente boliviano Rodrigo Paz tras los operativos. En un posteo en X, calificó las medidas como «acciones que demuestran el liderazgo necesario para nuestro hemisferio».
Mariaca tenía bajo su órbita la investigación contra Fernando Cerimedo, consultor argentino que, además, integra un grupo regional que responde a Donald Trump. Cerimedo está detenido por intentar asesinar a su expareja, Nadia Beller, y se encuentra recluido en Chonchocoro.
La detención del fiscal general se produjo después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyera a Mariaca en una lista de funcionarios y exfuncionarios a quienes acusó de corrupción y de obstaculizar acciones contra el narcotráfico. Ahí aparece la vieja sospecha: ¿cuándo no se usa la corrupción y el narcotráfico como excusa para detener y perseguir?
El gobierno boliviano, en tanto, sostiene que designará otro fiscal general. Esa tarea, según el marco constitucional, corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Congreso de Bolivia. Por eso la medida se presenta como un quiebre institucional, más allá de las versiones que circulan.
Mariaca había declarado días atrás: «No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión». La frase se refería al proceso contra el exasesor personal de Rodrigo Paz, además de las pesquisas sobre las denominadas «narcomaletas» y los combustibles. Esos temas generaron gran controversia política en el país andino.
El episodio deja a Bolivia en el centro de una disputa que mezcla justicia, política y presión internacional. La detención de un fiscal que investigaba a un personaje vinculado al entorno de Milei y al presidente boliviano complica el tablero regional. Por ahora, el dato duro es uno: el fiscal general fue detenido sin orden judicial y el gobierno busca reemplazarlo.
