El alivio fiscal quedó aprobado en el Senado de Entre Ríos y llega cuando el comercio chico necesita oxígeno. La medida, de autoría del Poder Ejecutivo, apunta a aliviar la carga tributaria de la actividad comercial en la provincia de Entre Ríos. No es un gesto menor: toca impuestos, cuotas y contratos de alquiler.
La norma fue aprobada por mayoría este miércoles y presta especial atención a los pequeños contribuyentes, a los emprendimientos de menor escala, a los comercios de cercanía y a sectores que necesitan instrumentos ágiles de acompañamiento. En la práctica, busca que el Estado provincial pese menos en la boleta de los que recién abren el local o apenas cierran el mes.
El justicialismo no acompañó y mantuvo la misma posición que en Diputados: consideró que la iniciativa no alcanza a todos los afectados. Desde la oposición, el senador Víctor Sanzberro, de Más para Entre Ríos, fundamentó el voto negativo y propuso ampliar el alcance del proyecto que venía en revisión de la Cámara de Diputados.
En el otro lado del tablero, el senador Gustavo Vergara, de Juntos por Entre Ríos, respaldó la iniciativa y reconoció “las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía”. Admitió que “seguramente no son las que todos deseamos”, pero sostuvo que “responden a las posibilidades del Estado provincial en un contexto que requiere sostener el equilibrio fiscal”.
Vergara enmarcó las disposiciones en una política provincial orientada, según expresó, a “hacer menos gravosa la presencia del Estado provincial”. Mencionó además otras medidas de incentivo a la actividad privada, como el régimen de promoción de inversiones y los beneficios para la economía del conocimiento. El mensaje es claro: el alivio no llega solo, viene acompañado de un relato de Estado que busca no ahogar la actividad.
El corazón de la ley está en los monotributistas de las categorías A, B y C cuya principal actividad es comercial: quedan exentos del componente impositivo provincial. También contempla la condonación de la cuota 12 para el resto de los contribuyentes del Régimen Simplificado que estén al día, y beneficios con el impuesto de Sellos para renovación y nuevos contratos de alquileres comerciales.
La oposición marcó distancia. El senador Víctor Sanzberro, de Más para Entre Ríos, fundamentó el voto negativo y propuso incorporar a los prestadores de servicios. Cuestionó que queden afuera “un plomero, un gasista o una peluquera” y planteó extender el beneficio a las categorías D, E, F y G para quienes acrediten sobreendeudamiento, con el pago de deudas por encima del 40% de sus ingresos.
También dijo que no debería exigirse la inexistencia de deuda exigible con ATER, porque esa condición “puede dejar afuera precisamente a quienes atraviesan mayores dificultades económicas”. Propuso además suspensión de ejecuciones y embargos y una moratoria con quita de intereses. “La idea era no votar una ley insuficiente, sino procurar brindar un alivio real”, expresó.
El debate queda instalado: si el alivio fiscal alcanza o queda corto para el comercio y los servicios. La aprobación provincial habilita la discusión sobre qué tan real es el beneficio para los que facturan menos. Si la ley se queda en la letra y no en el bolsillo, la bronca de los excluidos va a seguir rondando el mostrador.
