En la causa que se tramita en San Isidro, Buenos Aires, los fiscales Fernando Domínguez y Sergio Rodríguez pidieron procesar al ex titular de ARSAT, Facundo Leal, junto a otras nueve personas. La acusación apunta a una contratación irregular de una empresa de logística y a un circuito de sobornos. ¿Cómo terminó un organismo enredado en un circuito de sobornos?
Los fiscales sostienen que en 2021 ARSAT contrató de manera irregular a Argentina Logistic Services y que esa firma recibió 1.695.667,44 dólares y más de 32 millones de pesos a cambio de sobornos. Según la acusación, el predio no tenía cámaras y la contratación simuló una competencia entre compañías vinculadas.
Leal encabezó el organismo durante los gobiernos de Alberto Fernández y siguió en el cargo hasta principios de este año, ya con Javier Milei en la presidencia. En mayo fue allanado y en dos propiedades aparecieron 2,4 millones de dólares en efectivo. El hallazgo del efectivo puso el caso en el centro de la escena. Por otra causa, de presunta venta de drogas, está en prisión domiciliaria; él dijo que la droga era para consumo personal y un informe médico confirmó su dependencia.
En la casa de Mendoza se encontraron 1.787.600 dólares en una valija, un estuche de raqueta y una media. En su departamento de Palermo aparecieron 803.754 dólares, dinero de otros países, un equipo de espionaje profesional y droga: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas. Un peritaje determinó que el equipo no se usó para espiar.
La causa arrancó por un robo: en enero de 2024, personal de ARSAT detectó que el depósito alquilado en San Fernando había sido intrusado. Los ladrones ingresaron a 17 contenedores y se llevaron cables de fibra óptica. El depósito era de la empresa ALS, contratada por ARSAT.
Los celulares de Gerardo Boschin y Pablo Pagani, ex gerentes de ARSAT, fueron clave para la investigación. En las conversaciones aparece nombrado Leal, y testigos, entre ellos el chofer y la secretaria, hablaron de mochilas, valijas y fajos de dinero en reuniones. La acusación señala a Santiago Pando como nexo entre funcionarios y la empresa privada.
Leal fue indagado a mediados de julio y negó las acusaciones. “No existe una sola constancia que indique mi intervención en el asunto, tal como correo electrónico, mensaje, nada que se me haya dirigido, que yo haya contestado o que yo haya enviado”, sostuvo. El juez Lino Mirabelli deberá resolver el pedido de procesamiento y la prisión preventiva solicitada por la fiscalía.
La fiscalía imputó a Leal y al resto de los imputados, entre ex funcionarios y privados, los delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público. En la causa de corrupción, Leal no está detenido, pero los fiscales pidieron su prisión preventiva. Leal no hizo referencia al dinero encontrado en sus propiedades.
