El tablero de la energía se volvió incómodo: el Gobierno nacional puso en venta las centrales térmicas Manuel Belgrano y José de San Martín, en Campana y Timbúes, fuera de Entre Ríos. La medida disparó el rechazo del sector eléctrico, que la describe como un desguace patrimonial. El pronunciamiento llega con la administración de Milei en el centro del debate.
Los trabajadores del sector eléctrico sostienen que el Estado rifa el futuro de la reindustrialización argentina. Para ellos, vender esas plantas no es un ajuste menor: es un error estratégico de magnitudes históricas. El reclamo se apoya en una lectura dura: la energía no es una mercancía para la especulación financiera.
En el pronunciamiento, los empleados del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande ponen su experiencia sobre la mesa. Señalan 43 años de funcionamiento ininterrumpido y una confiabilidad reconocida a nivel internacional. Para ellos, esa planta estatal es la prueba de que el recurso natural puede transformarse en bienestar social, desarrollo regional y capacidad técnica.
Las dos centrales de ciclo combinado aportan cerca de 1.740 MW al Sistema Interconectado Nacional, es decir, alrededor del 3 por ciento de la demanda. Nacieron a través del FONINVEMEM tras la crisis de 2001 y usan gas como insumo para generar vapor y, con ello, energía. El sector eléctrico las presenta como modernas, eficientes y planificadas por el Estado argentino.
Según el pronunciamiento, el Gobierno de Milei promueve entregar la participación mayoritaria de ENARSA al sector privado: 65,01 y 68,83 por ciento en Manuel Belgrano y San Martín. La operación buscaría obtener 800 millones de dólares, menos de un tercio del préstamo del Tesoro norteamericano del año pasado. Esa comparación aparece en el pronunciamiento como un dato fuerte para medir el precio del patrimonio energético.
El oficialismo defiende estas medidas como indispensables para consolidar el superávit financiero y cumplir con la deuda externa sin emisión monetaria. En contra, el sector eléctrico sostiene que desprenderse de infraestructura estratégica compromete el patrimonio nacional para cubrir necesidades de caja de cortísimo plazo. La otra parte no dio su versión en el pronunciamiento.
El reclamo también recuerda otras operaciones: la venta definitiva de la participación accionaria estatal en Transener, la mayor transportista de alta tensión del país, y la privatización de las concesiones de los grandes complejos hidroeléctricos de la región del Comahue, en el sur argentino. Para los trabajadores, esa secuencia consolida un proceso de desestatización profunda. La advertencia es clara: la liquidez inmediata no puede pagarse con activos estratégicos.
En un mercado global donde la demanda de energía crece y la construcción de turbinas para centrales de ciclo combinado demora siete años, la discusión se vuelve incómoda. ¿Con qué capacidad instalada llega el país a la próxima década? El sector eléctrico plantea que la energía no es un negocio para rematar, sino una base de soberanía nacional y empleo. No es un dato menor para vos, que dependés de la energía industrial.
