El Gobierno le puso plazo al Reino Unido: dos semanas para frenar la explotación petrolera en Malvinas o Argentina acudirá a un tribunal internacional.
La medida apunta al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, y también a impedir nuevas decisiones sobre recursos en la Plataforma Continental Argentina. El Ejecutivo sostiene que ese accionar es ilegítimo y contrario al derecho internacional.
El Gobierno afirma que la explotación unilateral de recursos naturales en la zona provoca un “perjuicio irreversible e irreparable” sobre los derechos soberanos que reclama Argentina. Esa es la lectura oficial: no se trata solo de un proyecto, sino de una plataforma continental en disputa.
El presidente Javier Milei lo resumió en X: “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”. En el mismo posteo, acusó al Reino Unido de practicar el “saqueo ilegal de nuestros recursos”.
El tribunal internacional al que se referirá Argentina es independiente y nació de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Según su página oficial, tiene jurisdicción sobre controversias relativas a la interpretación o aplicación del convenio.
El arbitraje está previsto en el Anexo VII de la Convención. El objetivo, según el texto oficial, es impedir el otorgamiento de nuevos permisos y cualquier medida que agrave la situación.
Además, el Gobierno denunció vuelos ilegales de una empresa británica entre Malvinas y Punta Arenas, Chile. La operación, según el texto oficial, habría involucrado a Thales Uk Limited y una aeronave de matrícula británica, sin autorización argentina.
La denuncia por vuelos se suma al frente jurídico. El Gobierno sostiene que esos vuelos se hicieron sin autorización de las autoridades argentinas y anunció que el Presidente ordenó iniciar de forma urgente los procedimientos sancionatorios y penales.
El comunicado cierra con una frase que resume la línea del Ejecutivo: “Las Malvinas son argentinas”. El texto insiste en que Argentina “no se quedará de brazos cruzados” y usará herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas.
El fondo del asunto sigue siendo la disputa de soberanía reconocida por la Resolución 2065 (XX) de la ONU. El texto oficial vuelve a subrayar el perjuicio irreversible sobre los derechos que reclama Argentina.
La advertencia no es solo diplomática: convierte una tensión histórica en un procedimiento jurídico concreto. Si el plazo se agota, acá la pelota pasa a un tribunal que podría ordenar medidas provisionales para preservar derechos.
