La crisis del frigorífico Ecocarnes, con planta en San Fernando, Buenos Aires, sobre la ruta 202, km 55, ya está pegando en la cadena de pagos de productores entrerrianos. El dato es duro: 232 cheques rechazados por casi $6.000 millones. Y no es un problema chico: alcanza a consignatarios, trabajadores y al futuro de una empresa que sigue faenando.
El registro muestra que 231 cheques figuran como no recuperados y solo uno aparece abonado. En septiembre de 2026 hay 200 rechazos, con documentos informados que suman $4.727,6 millones. Ahí se ve la velocidad con la que se deterioró la caja.
El aviso societario de agosto pasado señala a Roxdan SA y Southmeat SA entre los titulares. Roxdan aparece vinculada a la familia Solassi, mientras que Southmeat está ligada a Ernesto Bugallo. El dato no es menor: Bugallo es uno de los dueños con los que el gremio se quiere reunir.
El gremio no anda con vueltas. Gabriel Vallejos, secretario general de Fesitcara, dijo que “hoy nos vamos a juntar con uno de los dueños, Ernesto Bugallo, pero es todo muy extraño”. También avisó que esperan “que le pongan fecha al concurso” y remarcó que “la gente viene haciendo un esfuerzo tremendo”. La incertidumbre es el peor enemigo de la cadena.
La compañía registra aportes patronales parciales e impagos durante varios meses de 2026, y el sindicato denuncia que los trabajadores llevan tiempo sin cobertura de obra social. Vallejos sostiene que el problema empezó “hace como un año” y que el sector viene mal. Por ahora, no consta un descargo de la empresa.
La planta sigue funcionando, con entre 530 y 550 empleados y actividad principal en carne de ganado bovino. Pero rinde muy por debajo de su capacidad: la semana pasada faenó un promedio de 300 animales por día, frente a una capacidad de unas 900 cabezas. Eso significa trabajar en torno del 30% de su potencial.
El pasivo es la otra cara del problema. Ecocarnes registra un endeudamiento con el sistema financiero de $41.469 millones a julio de 2026 y está vinculada con 20 entidades financieras. Además, arrastra compromisos mensuales por unos $1.414 millones. En ese contexto, se habla de un eventual concurso preventivo que podría superar los $35.000 millones.
En las últimas reuniones, el frigorífico planteó medidas para reducir costos. Vallejos las describió como “totalmente antipáticas” y advirtió que “lo primero con lo que se agarran es con el salario de los compañeros”. El sindicato pidió que sean cuidadosos con la gente y que preserven los ingresos de los trabajadores. De la otra parte, no consta un descargo.
El escenario es incómodo para todos: productores que esperan cobro, trabajadores que quieren certezas y una planta que sigue faenando a media capacidad. Si el concurso no se define, la bola de nieve puede seguir creciendo. La cadena ganadera no puede quedar expuesta a un default que ya se ve en los cheques.
