El Poder Ejecutivo de Entre Ríos le puso la pelota a la Legislatura con un proyecto que busca modificar el proceso laboral. La idea, según se fundamenta, es dar más previsibilidad a la justicia del trabajo y aliviar el costo de la litigiosidad para el sector empresario.
La iniciativa llega tras el anuncio de Rogelio Frigerio en la 22° Jornada de la Industria, organizada por la UIER. El gobernador había adelantado la reforma del Código Procesal Laboral y la creación de peritos especializados en riesgos del trabajo y accidentes.
En el fondo, el proyecto busca fortalecer el debido proceso y asegurar el acceso efectivo a la instancia revisora. También pretende adecuar el sistema pericial médico a la legislación nacional sobre riesgos del trabajo, para darle a la justicia laboral más razonabilidad y objetividad.
Uno de los cambios más fuertes apunta al recurso de apelación del empleador condenado. El proyecto elimina el requisito patrimonial que hoy obliga a depositar el capital de condena, más intereses y costas, o a ofrecer bienes suficientes para responder por esos conceptos.
¿Qué cambia en la práctica? Que el empleador condenado no tendría que bloquear su apelación con un depósito del capital de condena ni con una garantía patrimonial que puede resultar más pesada que el propio proceso. La discusión no es menor: se toca uno de los puntos más sensibles del conflicto laboral, y vos lo podés notar en cada juicio.
Otro eje central es el régimen de honorarios de peritos y auxiliares de justicia. La propuesta fija que no podrán vincularse a la cuantía económica del juicio, al monto reclamado, al monto de condena, al acuerdo transaccional ni al porcentaje de incapacidad que se determine.
Los honorarios deberían regularse prudencialmente por el juez, mirando la naturaleza, complejidad, extensión, calidad, utilidad, celeridad y eficacia de la labor técnica. El texto aclara que esa regulación no podrá exceder el equivalente a ocho juristas.
También se busca ordenar las costas: los honorarios, gastos y retribuciones de los auxiliares los pagaría la parte condenada, sin que puedan reclamarse a quien no haya sido obligado por la sentencia. En paralelo, el proyecto crea un cuerpo especializado de médicos dependiente del Poder Judicial, con remuneración fija y sin derecho a honorarios adicionales por las pericias.
El proyecto ingresó el lunes 28 de septiembre a la Cámara de Diputados de Entre Ríos y próximamente tomará estado parlamentario para ser girado a comisiones. El mensaje político es claro: el Gobierno quiere achicar el peso de la litigiosidad laboral, pero también mostrar que la justicia del trabajo puede ser más previsible, más técnica y menos expuesta a disputas por honorarios.
La pelota ahora está en comisiones. Si el proyecto avanza, la reforma no va a pasar solo por los tribunales: también por los empleadores, que van a medir cada cambio con lupa. En Entre Ríos, donde el trabajo sigue siendo la primera preocupación, cualquier ajuste en la justicia laboral termina siendo un termómetro político y económico.
