El reloj ya está corriendo. El Gobierno argentino intimó al Reino Unido a frenar en dos semanas las actividades de explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. El disparador es el proyecto Sea Lion, previsto al norte de las Islas Malvinas.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente. Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El planteo apunta a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, empresas que impulsan la explotación al norte de las islas. El Gobierno sostiene que esas actividades se desarrollan sin autorización argentina y que la disputa de soberanía no se modifica por decisiones unilaterales.
Si Londres no cumple, Argentina anticipó que pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que reclama sobre la Plataforma Continental. El comunicado también pidió que se paralice la concesión de nuevos permisos de explotación en esa zona.
El anuncio llega días después de que Milei hablara ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El 23 de septiembre, el Presidente había cuestionado el avance de Sea Lion y advertido que usaría herramientas jurídicas frente a la explotación en el área en disputa.
Además, el proyecto ya había sido alcanzado por una medida cautelar del Juzgado Federal de Río Grande. La jueza Mariel Borruto ordenó a las empresas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el plan.
El proyecto se ubica a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La orden judicial apunta a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
El Gobierno también anunció sanciones, denuncias penales y gestiones diplomáticas por operaciones de Thales UK Limited en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas. El anuncio oficial señala que la aeronave, con matrícula británica, operó sin autorización de las autoridades argentinas.
La escalada no es solo un trámite legal: es una apuesta a que el derecho internacional ponga pausa a una operación que, para Buenos Aires, toca el núcleo de la disputa. Si en dos semanas no hay respuesta, el caso va a un escenario más duro y más visible.
El mensaje final del comunicado es directo: Argentina no se quedará de brazos cruzados y seguirá defendiendo sus derechos con herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas. Si vos mirás el cronograma, el plazo de dos semanas no es decorativo: ya corre para Londres.
