En el país, hay una pregunta que no te podés esconder: ¿qué delito es el que persigue a quienes salen a protestar? Mientras se mencionan la estafa cripto, las coimas del 3 % y las cascadas mal habidas, la escena que termina en detención es otra: la de un jubilado que se expone en la calle.
La discusión que circula bajo el título El delito de la decencia enciende la mecha con una lista incómoda: no se castiga, según se plantea, el incumplimiento de la Ley de Presupuesto Universitario ni de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Tampoco se castiga, se señala, hambrear jubilados, reprimirlos, quitar derechos a personas con discapacidad, hambrear docentes ni despedir trabajadores.
Entonces, ¿qué es lo que sí se persigue? La respuesta que aparece es tan dura como incómoda: la quema simbólica de una cartulina. Ese gesto, presentado como un grave delito, termina de instalar la sensación de que la ley se aplica con dos manos: una para el poder y otra para quien protesta.
El recuerdo de Gaspar, el personaje de Elsa Bornemann, no es casual: alguien fue detenido porque su conducta iba contra las costumbres, sin que nadie supiera bien qué delito cometía. Ahí aparece la figura de los jubilados violentos, nombre que suena a burla pero que en el texto funciona como denuncia: los llevan para averiguar antecedentes, y los antecedentes son de honradez, decencia y dignidad.
Los antecedentes que se mencionan no son de violencia: son de protestas todos los miércoles contra el hambre, el ajuste y el abandono a los adultos mayores. Esa imagen, repetida en el tiempo, termina de explicar por qué la transparencia y la dignidad pueden resultar incómodas para quien gobierna. Si la decencia te intimida, entonces el problema no está en la calle: está en el escritorio.
La pregunta que queda flotando es simple: si protestar por no ser hambreado no es un delito, ¿por qué se lleva a alguien a averiguar antecedentes? La decencia no debería ser un expediente, ni la dignidad un antecedente. Cuando la protesta se convierte en delito, la sociedad entera pierde algo que no se puede recuperar: la confianza en que la ley no se usa para castigar a quien pide lo mínimo.
No es un reclamo menor: se trata de adultos mayores que se exponen en la vía pública porque sienten que no les queda otra. Cuando la protesta se vuelve el único canal disponible, la pregunta ya no es solo sobre un antecedente: es sobre qué sociedad se está construyendo. Y ahí, la decencia deja de ser un lujo para convertirse en la última línea de defensa.
