Concordia volvió a discutir la recolección de residuos. Carolina Amiano, presidenta del bloque justicialista, cargó contra el proceso que terminó en la adjudicación de la Licitación Pública Nº 47/2026 a VITSA.
Para la concejal, no se trata de un hecho aislado. “Lo advertimos antes de la contratación directa y lo volvimos a advertir antes de la licitación pública”, sostuvo. Según su relato, en ambas etapas el procedimiento parecía conducir a la misma empresa y, al final, VITSA terminó siendo la beneficiada.
La primera señal apareció el 19 de marzo, cuando se trató sobre tablas la emergencia ambiental. Amiano recordó que, antes de aprobarse la ordenanza, los camiones de la empresa ya habían ingresado a Concordia la noche anterior. Ese episodio, dijo, quedó expuesto en el recinto y, a las pocas horas, la empresa ya estaba trabajando en la ciudad.
La ordenanza buscaba, entre otros objetivos, erradicar los microbasurales, proteger la salud y mejorar la gestión de residuos. También habilitó al Ejecutivo a contratar por excepción y a concesionar el servicio. Ahí aparece, según Amiano, la primera grieta: la emergencia se justificó por los microbasurales, pero ese problema no quedó claramente incorporado al pliego.
La concejal sostiene que la problemática de los microbasurales debió ser una prestación que todos los oferentes conocieran, dimensionaran y cotizaran en igualdad de condiciones. En cambio, afirma, esa cuestión terminó apareciendo como un elemento valorado positivamente en la propuesta de VITSA. “Eso hay que explicarlo”, resumió.
Cuando el Municipio decidió reemplazar la contratación directa por una licitación pública, el bloque justicialista volvió a marcar las mismas preocupaciones. Según Amiano, las condiciones, los plazos, la experiencia exigida y la forma de asignar puntajes podían favorecer a la empresa que ya estaba instalada. Lo dijo antes de conocer las ofertas y antes del resultado.
La licitación terminó adjudicada a VITSA por cuatro años, mediante el Decreto Nº 854/2026. La mayoría de la Comisión Evaluadora la consideró la oferta de mayor puntaje entre las admisibles. Según Amiano, también quedaron en discusión la comisión evaluadora dividida, la documentación no entregada en forma completa a las demás empresas y los criterios de evaluación.
En el medio hay una denuncia penal y actuaciones ante el Tribunal de Cuentas por la etapa anterior. Amiano consideró que el Ejecutivo todavía está a tiempo de frenar el proceso: “Después nadie podrá decir que no fue advertido”. En el relato de la concejal, no aparece una respuesta del Departamento Ejecutivo ni de la empresa.
La discusión sigue abierta. El Municipio deberá responder las impugnaciones y los pedidos de información que quedaron pendientes, mientras Concordia espera una explicación clara sobre cómo se definió el servicio de residuos.
