En Brasil, el plan de Lula no es un gesto: es una jugada electoral y financiera para aliviar a los hogares y apuntar a un cuarto mandato.
El gobierno brasileño planea destinar 15.000 millones de reales para comprar hasta 150.000 millones de reales en deudas morosas de consumidores a los bancos, con descuentos que podrían llegar al 90%.
La subasta se haría en noviembre y apuntaría a carteras de personas físicas con deudas de hasta 10.000 reales, con una antigüedad entre dos años y cuatro años y medio, según dijo el ministro de Planificación, Bruno Moretti.
El mecanismo cambiaría la lógica actual: en vez de que cada deudor busque renegociar su deuda, el Estado compraría carteras a los bancos y llevaría adelante la reestructuración con las familias. Moretti explicó que esa operación centralizada transferiría a los hogares la reducción obtenida en la subasta, donde ganaría el banco que ofrezca el mayor descuento.
El stock de deudas en mora, asociado principalmente a tarjetas de crédito y préstamos personales no descontados directamente del salario, asciende a unos 300.000 millones de reales. La idea es que el Estado compre hasta el 50% de ese volumen y que los descuentos, que en el mercado privado suelen moverse entre el 90% y el 95%, lleguen a las familias.
El costo fiscal estimado para comprar 150.000 millones de reales con un descuento del 90% sería de alrededor de 15.000 millones de reales. Hoy, estas operaciones privadas suman aproximadamente 50.000 millones de reales por año; con el programa, el gobierno buscaría triplicar esa escala.
La operación podría ejecutarla el Tesoro Nacional o una entidad financiera estatal, como Banco do Brasil o Caixa. Moretti defendió además que la medida provisoria incluya directrices para los organismos reguladores, especialmente el Banco Central, para frenar abusos en el otorgamiento de crédito y evitar que las familias vuelvan a caer en sobreendeudamiento.
El contexto electoral pesa: las encuestas muestran una elección muy ajustada frente al senador conservador Flávio Bolsonaro, con ambos candidatos en empate técnico en varios sondeos recientes. En ese escenario, el gobierno también aumentó los beneficios del programa Bolsa Família y tomó medidas para reducir el costo de los combustibles.
Lula firmará una medida provisional que autoriza la compra de esas deudas y otra que prohíbe todas las formas de apuestas online, dos situaciones que, según el funcionario, están relacionadas. El plan busca ordenar el mercado de deudas vencidas antes del plazo de prescripción, que comienza a los cinco años, y convertir el alivio al deudor en una herramienta de gestión y de campaña.
"Esa reducción se transfiere de forma directa a los hogares", expresó Moretti. ¿Vos creés que una familia puede sentarse a negociar con un banco? La frase resume el objetivo político del esquema: que el descuento no quede como un número en el balance bancario, sino que llegue como alivio concreto a familias que hoy sostienen deudas viejas, pequeñas y difíciles de resolver.
El detalle técnico importa: las deudas elegidas tendrían entre dos años y cuatro años y medio de vencimiento, antes de que comience a correr la prescripción a los cinco años. Ese recorte de edad y monto, hasta 10.000 reales, busca captar obligaciones de personas físicas que quedaron atrapadas en un circuito de renegociación individual, sin acceso real a una salida ordenada.
El plan combina alivio al deudor, intervención estatal en el mercado de carteras y una señal electoral en un país donde el consumo, el crédito y la deuda siguen siendo termómetros de la confianza. Si la subasta de noviembre avanza, Brasil estaría transformando una deuda vieja en una herramienta de política económica y de disputa por el voto.
