El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos puso un punto final a una discusión que venía dando vueltas desde los comedores escolares: el Estado provincial no puede limitarse a sacar los productos con sellos de advertencia. La sentencia, del 24 de septiembre de 2026, obliga a garantizar alimentación saludable en los establecimientos educativos.
La medida surge de una acción de amparo presentada por un grupo de padres, AGMER y la Fundación CAUCE, vinculada con la prestación alimentaria en escuelas dependientes del Consejo General de Educación. El STJ hizo lugar parcialmente al recurso de apelación y precisó el alcance de la condena fijada en primera instancia.
El tribunal estuvo integrado por las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak, y el vocal Leonardo Portela. En la resolución, el cuerpo judicial señaló que la obligación estatal no se agota con la exclusión de los productos alcanzados por el artículo 12 de la Ley Nacional Nº 27.642.
El punto central es otro: el Estado debe ajustar la comida escolar a los estándares de alimentación saludable previstos por la Ley Provincial Nº 10.594. No alcanza con evitar los productos alcanzados por sellos de advertencia; hay que cumplir con el estándar que la normativa provincial establece.
La sentencia también deja claro un límite institucional: el Poder Judicial no reemplaza al Poder Ejecutivo para definir los medios técnicos u organizativos necesarios para cumplir con ese estándar. En otras palabras, el tribunal ordena el resultado, pero no define cómo se organiza la prestación alimentaria. Es una distinción importante para entender el alcance de la condena.
El fallo tiene un peso político y educativo que no podés pasar por alto. Cuando un tribunal superior obliga al Estado a cuidar la alimentación de los chicos, está diciendo que el comedor escolar no es un gasto cualquiera: es una política pública de salud, de igualdad y de futuro. Y también una señal para los próximos años.
La decisión también le pone presión a la administración educativa y al sistema de prestación alimentaria. Si el Estado debe garantizar alimentación saludable, no podés seguir mirando para otro lado cuando la calidad de lo que se sirve no alcanza. El cumplimiento de la ley provincial pasa a ser parte del debate.
El caso muestra que la justicia entrerriana no se quedó en una condena formal. Amplió el alcance de la obligación estatal y convirtió la alimentación escolar en un estándar concreto. La sentencia no es un detalle menor para las familias que dependen de esa prestación. Ahí queda la pelota en el campo del Ejecutivo: cumplir y garantizar que los chicos coman mejor.
