La pelea por los comedores escolares en Entre Ríos dio un giro jurídico que no te resuelve con un simple sí o no. El Superior Tribunal de Justicia se expidió el jueves sobre el amparo impulsado por un grupo de padres, Agmer y la Fundación Cauce, y el Gobierno salió a marcar la cancha: el fallo no manda volver al sistema anterior.
La causa arranca en la tensión entre un nuevo esquema de desayunos y meriendas y el reclamo de quienes piden más garantías sobre lo que llega a la mesa. El amparo no fue solo una pelea por un menú: buscó que la Provincia cumpla con la alimentación saludable y no se quede en el gesto de retirar productos señalados. Ahí está el nudo: la ley no se cumple con una etiqueta, sino con la comida que efectivamente se sirve.
El punto central está en la letra chica que te obliga a mirar más allá. El máximo tribunal provincial hizo lugar parcialmente al recurso de apelación y precisó que la Provincia no puede quedarse solo en excluir productos con sellos de advertencia. También debe adecuar la prestación alimentaria a los estándares de alimentación saludable fijados por la Ley Provincial 10.594, una norma que no puede leerse como un adorno de etiquetas.
Aquí entra la aclaración del Ejecutivo. Desde el Gobierno provincial subrayaron que el fallo no dispone el regreso al esquema anterior ni reemplaza la organización adoptada por la Provincia. En cambio, deja en manos del Poder Ejecutivo definir los medios técnicos y organizativos para cumplir los estándares, sin que la Justicia le quite las facultades propias de administrar la política alimentaria.
El matiz importa. El STJ sostuvo que cumplir la sentencia no puede reducirse a una cuestión formal de presencia o ausencia de etiquetas. Tiene que mirar la composición nutricional y el cumplimiento efectivo de las normas que regulan la comida escolar. En otras palabras, no te alcanza con sacarle el sello a un producto: la mesa tiene que estar a la altura de lo que manda la ley.
El tribunal también cerró la puerta a otros pedidos. Rechazó ordenar en este proceso la presentación de los menús completos del nuevo sistema y la acreditación genérica y anticipada de todos los estándares invocados. Cualquier discusión futura por un incumplimiento concreto, advirtió el fallo, deberá plantearse en la etapa de ejecución de sentencia.
El punto de partida sigue siendo la sentencia: la Provincia debe cumplir con la alimentación saludable y el Ejecutivo define los mecanismos. La próxima discusión, si aparece un incumplimiento concreto, se resolverá en la etapa de ejecución de sentencia.
