El Gobierno provincial salió a marcar la cancha después de que el Superior Tribunal de Justicia se expidiera sobre el amparo por comedores escolares. La aclaración fue directa: el fallo no ordena volver al sistema anterior.
El STJ resolvió hacer lugar parcialmente a la apelación presentada por un grupo de padres, Agmer y la Fundación Cauce, y precisó el alcance de la sentencia dictada el 21 de agosto. El punto central no es el sello de advertencia, sino la composición nutricional de lo que llega a la mesa de los chicos.
La Provincia debe adecuar la prestación alimentaria escolar a los estándares de la Ley Provincial 10.594. Eso significa que el cumplimiento no puede reducirse a una cuestión formal: no alcanza con mirar la etiqueta, hay que mirar el contenido. El Gobierno remarcó que corresponde al Poder Ejecutivo definir los medios técnicos y organizativos para alcanzar esos estándares.
Acá está el detalle que enoja a los amparistas y alivia al Ejecutivo: el STJ rechazó el pedido de ordenar la presentación de los menús completos del nuevo sistema. También desestimó la acreditación genérica y anticipada de todos los estándares. Cualquier controversia futura, según el tribunal, deberá plantearse en la etapa de ejecución de sentencia, si existe un incumplimiento concreto.
La pelea por los comedores escolares no se cierra con un fallo, se complica. El Gobierno busca sostener que mantiene el control del esquema; la sentencia, en cambio, no se reduce a un cambio de rótulos. Lo que viene será una disputa técnica, legal y política por la alimentación saludable en las escuelas.
El comunicado oficial insiste en que el STJ dejó a salvo las facultades del Ejecutivo para definir los mecanismos concretos de la política alimentaria escolar. Esa frase es la que marca el pulso del Gobierno: no admite que el tribunal le quite la conducción del sistema. La aclaración busca frenar la lectura de que el fallo obliga a desandar el camino.
La sentencia también fue un límite para los amparistas. El STJ no ordenó en este proceso la presentación de los menús completos del nuevo sistema ni la acreditación anticipada de todos los estándares invocados. Ese punto puede leerse como una puerta abierta a una futura disputa: si aparece un incumplimiento concreto, el reclamo deberá tramitarse en la ejecución de sentencia.
El fondo del conflicto no es solo jurídico: es político, sanitario y cotidiano. Lo que se come en la escuela vuelve a estar en el centro de la escena, y vos entendés que el STJ dejó un fallo que obliga a discutir con más precisión el estándar de alimentación saludable.
