La crisis de Granja Tres Arroyos dejó de ser un problema de planta para convertirse en un problema de agenda política nacional. Este martes 22 de septiembre, trabajadores despedidos de distintos establecimientos del grupo avícola expusieron ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en una reunión informativa que reunió a representantes de varias industrias en crisis.
Entre los que tomaron la palabra estuvo Walter José Bárbara, trabajador de la planta de Concepción del Uruguay, el establecimiento entrerriano que desde 2025 acumula desvinculaciones, suspensiones y períodos de actividad interrumpida. Junto a él expusieron Ezequiel Hugo Centurión, de Capitán Sarmiento; Víctor Javier Ávalos, de El Jagüel; y Joel Emanuel Mujica, de San Miguel del Monte. Cuatro voces, cuatro territorios, una misma crisis.
El cuadro que llevaron al Congreso es duro: despidos masivos, atrasos salariales, reducción de actividad y una presentación judicial para reestructurar deudas. En Capitán Sarmiento se anunciaron 700 de los 1.200 despidos que luego quedaron suspendidos por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. En El Jagüel, otras 450 cesantías fueron comunicadas antes de que la misma medida frenara el proceso.
La reunión tuvo carácter informativo y no derivó en ninguna decisión legislativa concreta sobre la empresa. Participaron diputados de distintos bloques, entre ellos Sergio Palazzo, Kelly Olmos, Germán Martínez y Pablo Farías, entre otros.
Pero el dato político más picante llegó desde el Senado bonaerense. El legislador Gonzalo Cabezas, de La Libertad Avanza, con domicilio en Capitán Sarmiento, no anduvo con rodeos: calificó la crisis como “netamente empresarial” y sostuvo que Granja Tres Arroyos es “la clara muestra de una empresa manejada por empresarios irresponsables”. Cabezas vinculó el deterioro con decisiones adoptadas desde 2018, cuando el grupo avanzó sobre los activos de Cresta Roja, y dijo esperar la designación de un síndico para ordenar el proceso.
El senador también marcó una paradoja que incomoda: la actividad avícola en general atraviesa un momento favorable. El último dato oficial consolidado indica un consumo de 45,9 kilos de carne aviar por habitante en el promedio móvil cerrado en junio de 2025, con un incremento interanual del 2,4%. En julio, la Secretaría de Agricultura anunció además la reapertura del mercado británico para los productos avícolas argentinos. El sector crece; la empresa, en cambio, naufraga.
La situación particular de Granja Tres Arroyos está atravesada por su endeudamiento, los embargos, el tamaño de su estructura y las dificultades para sostener el capital de trabajo. Con el conflicto ya instalado en el Congreso y la conciliación obligatoria como único dique de contención, la suerte de miles de trabajadores —incluidos los de Concepción del Uruguay— depende ahora de lo que resuelvan jueces, síndicos y una conducción empresaria que, al menos desde la política, ya tiene señalados a sus responsables.
