Un paso concreto hacia el Estado del siglo XXI. La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción a la Ley de Transformación e Innovación Digital, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, y ahora el texto pasa al Senado para completar su recorrido legislativo.
La iniciativa no es un simple decreto de buenas intenciones: propone reemplazar progresivamente los expedientes en papel por documentos digitales, ampliar el uso de la firma digital y electrónica con plena eficacia jurídica, e incorporar las notificaciones digitales como canal oficial de comunicación entre el Estado y los ciudadanos.
El principio más potente que trae la ley es el de “una sola vez”: si el Estado ya tiene un dato tuyo, no te lo puede volver a pedir. Los organismos podrán reutilizar e intercambiar información de manera segura entre sí, evitando que el ciudadano cargue con la burocracia que debería resolver la propia administración. Nada de volver a presentar el DNI, el domicilio o el certificado de nacimiento que ya entregaste hace diez años en otra ventanilla.
El proyecto se apoya en lo que el Gobierno provincial ya viene construyendo: el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y la plataforma Mi Entre Ríos, que hoy tiene más de 100.000 usuarios y permite acceder a más de 50 trámites y servicios provinciales. La ley le da marco legal robusto a ese proceso en marcha.
También actualiza las reglas de contratación tecnológica del Estado, habilitando modalidades modernas como servicios de almacenamiento en la nube, correo electrónico institucional, licencias y software como servicio, con mecanismos de control y resguardo del interés público. Desde el Ejecutivo fueron claros al respecto: “No estamos haciendo una ley para comprar tecnología. Estamos construyendo las reglas para que el Estado pueda funcionar en la era digital”.
La ley incorpora además criterios para el uso responsable de inteligencia artificial, con pautas de transparencia, auditoría, supervisión humana y prevención de sesgos. Las bases de datos públicas quedan bajo titularidad y custodia estatal, con principios de seguridad, confidencialidad y protección de datos personales.
Durante el debate, el proyecto recibió aportes de distintos sectores. A propuesta del sindicato UPCN, se incorporaron garantías para los trabajadores estatales, y se mantuvo la atención presencial como opción para quienes no puedan o no quieran operar de forma digital. Nadie queda afuera por no tener smartphone.
Con la pelota ahora en el Senado provincial, la suerte de la norma dependerá de si la cámara alta acompaña el texto tal como salió de Diputados o introduce modificaciones que obliguen a una nueva vuelta. Si se aprueba sin cambios, Entre Ríos tendrá el marco legal para consolidar una transformación que, en papel al menos, ya empezó.
