Cuatro muertos, una ruta provincial y un funcionario al volante con alto nivel de alcoholemia. Ese es el núcleo del caso que hoy volvió a estar en el centro de la escena judicial entrerriana, cuando la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia analizó si corresponde reducir la condena impuesta a Juan Ruiz Orrico por el accidente ocurrido el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta N° 39, en el departamento Concepción del Uruguay.
En ese siniestro perdieron la vida los hermanos Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi. En marzo de 2025, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, encontró a Ruiz Orrico autor material penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas, y le impuso una pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva, más 9 años de inhabilitación para conducir vehículos con motor.
En la audiencia de este miércoles, el defensor Leopoldo Lambruschini argumentó que los atenuantes reconocidos en el juicio —la confesión del imputado y la falta de antecedentes penales— apenas redujeron cuatro meses sobre el máximo de la escala, lo que equivale a un 5,5 por ciento. Como contrapunto, señaló que en la causa conocida como Coimas, que involucró al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario Diego Armando Cardona Herreros por peculado, imputados que también confesaron lograron reducciones de entre el 36 y el 40 por ciento respecto de la pretensión fiscal. Para la defensa, esa diferencia configura una violación al principio de igualdad ante la ley. Por eso, Lambruschini solicitó la anulación de la sentencia y el reenvío a la Cámara de Casación Penal, o en su defecto, la readecuación de la pena.
La respuesta del Ministerio Público Fiscal fue contundente. El procurador Jorge Amílcar García rechazó la comparación entre un delito contra la administración pública y un homicidio imprudente con cuatro víctimas fatales. Explicó que el tribunal no partió del máximo de la escala sino del tercio superior, dado que los agravantes —alcoholemia, conducción temeraria y pluralidad de víctimas— así lo justificaban. “Uno de los más graves por la pluralidad de víctimas”, subrayó García. Además, hizo referencia al hecho de que Ruiz Orrico conducía un auto oficial al momento del accidente, señalando que los funcionarios deben ser “transparentes y cautos en el manejo de la cosa pública”.
El procurador concluyó que el recurso extraordinario presentado por la defensa no era admisible. La Sala Penal del STJ deberá ahora resolver si la condena se mantiene tal como fue dictada o si se abre paso a una revisión que modifique la pena. Lo que está en juego no es solo el futuro de Ruiz Orrico: es también la señal que la Justicia entrerriana decide mandar cuando un funcionario sale a la ruta en un auto del Estado y vuelve con cuatro muertos a cuestas.
