El ajuste no para. El Gobierno nacional tiene previsto continuar en 2027 con aumentos de tarifas en luz, gas y transporte público para recortar el gasto en subsidios por el equivalente a 800 millones de dólares. El dato surge del análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet sobre las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2027 que el Ejecutivo envió al Congreso la semana pasada.
Según los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo, la reducción implicaría pasar de subsidiar el equivalente al 0,64% del PIB en 2026 al 0,53% en 2027, o dicho en plata: de US$ 5.200 millones a US$ 4.400 millones. Sería, según el propio IIEP, el sexto año consecutivo de caída en el peso de los subsidios respecto del producto. Una marca que el Gobierno luce como trofeo de gestión, aunque el bolsillo de los usuarios la siente de otra manera.
La estrategia oficial pasa por focalizar la ayuda del Estado únicamente en quienes realmente la necesitan. El equipo económico de Luis Caputo calculó que los usuarios residenciales sin subsidio cubrirán con sus tarifas el 94,62% del costo de generación eléctrica en 2027. Los hogares alcanzados por el régimen focalizado —unos 8.800.000 en todo el país— cubrirán el 64,27% del costo. El resto, en ambos casos, seguirá siendo absorbido por el Tesoro.
El mayor peso del gasto en subsidios seguirá concentrado en el sector eléctrico: se proyectan unos 3,1 billones de pesos en 2027, con un ajuste superior al 35% interanual en términos reales. Las transferencias a la Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) bajarán su participación en el PIB del 0,34% al 0,22%.
En transporte, el recorte también es significativo: el gasto pasará del 0,19% al 0,16% del PIB. Los trenes, aún bajo régimen de emergencia ferroviaria, sufrirán un ajuste del 9%, mientras que los colectivos absorberán una reducción del 26,4%, ya sea por nuevas subas de tarifa o por recortes en las prestaciones del servicio.
El dato político que complica el cuadro es que 2027 es año electoral. El propio Gobierno viene reservando márgenes para contener los aumentos y no sobrecargar el índice de inflación en momentos clave del calendario político. La tensión entre el ajuste fiscal y la foto electoral será, una vez más, el nudo central de la discusión económica que viene.
