El proyecto de ley de Transformación e Innovación Digital del gobierno provincial vuelve a la cancha este martes en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y los cuestionamientos siguen sobre la mesa. Desde las 12 horas, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología recibirá a los funcionarios que tienen que explicar de qué va exactamente la iniciativa.
Los convocados son el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, y el secretario Legal y Técnico, Esteban Vitor. Ambos deberán dar cuenta del expediente 29.337, que ingresó a la Cámara el 11 de junio y propone establecer un marco legal para la digitalización del Estado entrerriano: estructuras, procedimientos, servicios públicos. La idea, según el Ejecutivo, es avanzar hacia una administración más eficiente y con mayor capacidad de innovación.
Hasta ahí, todo suena razonable. El problema es lo que hay debajo. UPCN, el gremio que nuclea a buena parte de los trabajadores estatales, no se opone a la transformación digital en sí misma, pero sí pone el dedo en la llaga sobre cómo está redactado el proyecto. La secretaria adjunta del gremio, Carina Domínguez, señaló que una de las críticas centrales apunta a que la reglamentación podría definir cuestiones claves del funcionamiento del Estado, lo que implicaría una concentración importante de atribuciones en la Secretaría de Modernización.
Dicho de otro modo: el Ejecutivo se reservaría un margen amplio para moldear el Estado digital por decreto, sin que la ley fije los límites con claridad. Para un gremio que representa a quienes trabajan adentro de ese Estado, eso no es un detalle menor.
Pero hay más. UPCN también reclama que el debate incorpore el impacto concreto que los cambios tecnológicos tendrán sobre los puestos de trabajo. El proyecto, según el gremio, no contempla de manera específica los derechos laborales en entornos digitales, la posible refuncionalización de organismos ni la adaptación de los trabajadores a los nuevos esquemas. En otras palabras: se habla de transformar el Estado, pero nadie dice qué pasa con la gente que trabaja en él.
La pregunta que debería flotar en la sala de la comisión este martes es si la transformación digital va a ser una modernización real o simplemente una reorganización que deja a los empleados públicos sin garantías claras. La presencia de Gainza y Vitor será la oportunidad para que los diputados aprieten sobre esos puntos antes de definir los próximos pasos del proyecto.
