La política de discapacidad sigue siendo el flanco más caliente del Gobierno nacional. Alejandro Vilches, secretario nacional del área, presentó este lunes su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, con efecto inmediato y por “razones estrictamente personales”. El Ejecutivo confirmó la salida pero no dio nombres de un posible reemplazante.
La dimisión llega en un momento de máxima tensión interna. Hace menos de tres semanas, Vilches había expuesto ante la Comisión de Discapacidad de Diputados para defender la gestión del área. Pero lo que vino después lo dejó en una posición insostenible: el proyecto de presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo incluía artículos que buscaban derogar el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones, el corazón mismo de la ley de discapacidad vigente.
El escándalo fue mayúsculo. Y lo más llamativo es que explotó hacia adentro del propio gabinete libertario. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, reconoció públicamente que desconocía las modificaciones pese a integrar la mesa política del Gobierno. “Quedás como un tonto o como que engañás”, disparó, y habló de un “error no forzado” que “resiente las relaciones” con los bloques aliados en el Congreso. Duro.
El episodio también complicó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que venía negociando con el PRO, la UCR y bloques provinciales un esquema alternativo para el sector, y de repente se encontró con que el texto oficial contradecía todo lo que había prometido. Tras el revuelo, los libertarios retomaron esas conversaciones y avisaron que los artículos cuestionados serán reemplazados por lo que se acuerde en comisión. La mesa política que encabeza Karina Milei se reúne este martes para ordenar los cortocircuitos.
El próximo hito es el miércoles a las 12, cuando las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de Diputados deben emitir un dictamen. El oficialismo necesita llegar con un texto que sume a los bloques dialoguistas antes de que la oposición imponga el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por un año más. LLA, en cambio, plantea una legislación permanente que reemplace los mecanismos de emergencia.
La salida de Vilches abre otro frente interno. Recordemos que asumió en agosto de 2025 tras la salida de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), procesado por la supuesta compra de medicamentos con sobreprecios mediante un mecanismo de cartelización. Como si eso fuera poco, la Justicia Federal ordenó investigar al ministro Lugones y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de resoluciones que dispusieron regularizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. El área de discapacidad acumula frentes judiciales, políticos y presupuestarios al mismo tiempo, y sin conducción clara por ahora.
