Las universidades públicas vuelven a parar. AGDU confirmó su adhesión a la medida de fuerza del martes y se sumó al reclamo que los gremios del sector vienen sosteniendo ante la falta de avances en las negociaciones paritarias con el Gobierno nacional.
El detonante inmediato es concreto: según los sindicatos, el Ejecutivo volvió a poner sobre la mesa la misma propuesta del 3% de aumento que los gremios ya habían rechazado. Para las organizaciones, esa cifra no solo es insuficiente, sino que contradice lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario y una medida cautelar que, según el gremio, obliga al Estado a cumplir con sus disposiciones.
Desde AGDU sostienen que el atraso salarial acumulado llega al 33,4% y que la deuda equivale a aproximadamente cuatro salarios. Son los números que el gremio lleva a la mesa de negociación y que fundamentan la profundización de las medidas de fuerza. Cabe aclarar que esas cifras corresponden al planteo sindical y no han sido reconocidas por el Gobierno.
El reclamo va más allá del bolsillo docente. El Frente Sindical también exige mayores recursos para el funcionamiento cotidiano de las universidades, becas estudiantiles que garanticen el ingreso, la permanencia y la graduación, fondos para docencia, investigación y extensión, y financiamiento específico para los hospitales universitarios. Es decir: el conflicto toca cada rincón del sistema universitario público.
El nuevo cronograma de protesta es ambicioso: 23 jornadas de paro distribuidas en distintos puntos del país y una movilización nacional prevista para el 15 de octubre. El mapa de la conflictividad universitaria se extiende y se consolida.
La pregunta que queda flotando es si el Gobierno va a modificar su postura antes de que el calendario de protestas se cumpla entero, o si va a esperar a que la presión en las calles y en las aulas obligue a una respuesta distinta. Por ahora, los gremios no dan señales de aflojar.
