Una semana le bastó al Gobierno para darse cuenta de que el camino elegido era difícil de sostener. Después de enviar al Congreso un proyecto de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, La Libertad Avanza empezó a desandar parte de ese recorrido y abrió una negociación con sus principales aliados parlamentarios.
El giro es significativo. Tanto el proyecto sobre discapacidad enviado al Senado en abril como el proyecto de presupuesto 2027 proponían eliminar los aranceles únicos y universales del nomenclador y desligar de la inflación las prestaciones financiadas por el Estado, como PAMI e Incluir Salud. Ahora, el oficialismo negocia un texto que mantendría ambos puntos.
El motor de la negociación lo llevan el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que quieren aprovechar el costo político que dejó la presentación del presupuesto para convencer al equipo económico de que el plan original no tiene los votos. Del lado legislativo, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado intercambia borradores con Pro y la UCR.
Los aliados pusieron condiciones claras: que se mantenga el nomenclador, que las prestaciones sigan actualizándose y que el Gobierno cumpla con la compensación a los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. El cronograma de pago, anticiparon fuentes libertarias, será incorporado al texto final.
Donde el oficialismo no muestra disposición a ceder es en las pensiones por discapacidad. La postura original planteaba una incompatibilidad absoluta con el empleo formal. Esa posición se flexibilizó durante las conversaciones, pero los libertarios insisten en establecer criterios más rigurosos para acceder al beneficio. Es el nudo que todavía no tiene solución.
El cronograma aprieta. El miércoles a las 12 habrá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Discapacidad en Diputados. El oficialismo necesita llegar a esa reunión con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición imponga el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año. Los libertarios quieren terminar con la lógica de las sucesivas emergencias y reemplazarla por una ley permanente con recursos previsibles en cada presupuesto anual.
El lunes el tema llegará a la reunión de Gabinete y el martes volverá a la mesa política. El argumento de Menem y Santilli será esencialmente político: ceder ahora en algunos puntos para evitar que la discapacidad vuelva a reunir después una mayoría adversa en el recinto, como ocurrió en diciembre cuando el oficialismo perdió un capítulo completo del presupuesto durante la votación. La letra chica se terminará de definir el miércoles, y aún resta resolver si habrá una ley independiente o si se eliminarán del presupuesto los artículos que modifican la normativa vigente.
