Una voz que no se puede ignorar. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, salió este domingo con los tapones de punta contra el proyecto de Presupuesto 2027 que impulsa el Gobierno nacional: rechazó de plano los recortes en materia de Discapacidad y les pidió a diputados y senadores de su provincia que no los acompañen.
“En nuestra provincia, la discapacidad es una prioridad. No es beneficencia ni caridad”, escribió Llaryora en la red social X. Y fue más lejos: “Las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”. El mensaje no dejó margen para la interpretación.
El detonante fue la presentación del proyecto de presupuesto esta semana, que incluyó la derogación de artículos clave de la ley vigente en materia de Discapacidad. La medida generó polémica incluso dentro del espacio libertario, y encendió alertas en varias provincias. Córdoba fue la primera en responder con tanta contundencia desde el ejecutivo provincial.
Llaryora les pidió a los legisladores cordobeses que “no permitan que este acto, vivido por las personas afectadas como un acto de crueldad, sea aprobado”. Palabras duras, sin eufemismos. Y remarcó que el esfuerzo provincial junto a casi 350 organizaciones y gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”.
La advertencia más grave llegó al final del comunicado: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional“. No es un detalle menor. Detrás de esa frase hay familias, terapias suspendidas, traslados que no llegan y organizaciones que sostienen con alfileres una red que el ajuste amenaza con romper.
El posicionamiento de Llaryora no sorprende del todo, pero sí tiene peso político específico. Desde 2023 el gobernador cordobés navega con habilidad entre el oficialismo nacional y la oposición: a veces acompaña las medidas económicas de Javier Milei, otras veces las cuestiona sin tapujos. Nunca termina de acercarse al peronismo kirchnerista, aunque representa un ala del Partido Justicialista en su provincia. Esa ambigüedad inquieta al peronismo nacional de cara a las elecciones del año próximo, especialmente porque Córdoba es la segunda provincia en cantidad de electores del país, después de Buenos Aires. En este caso, sin embargo, el gobernador eligió la claridad: no hay recorte en discapacidad que vaya a contar con el voto de los legisladores cordobeses.
