Un número que incomoda: $158.717 millones. Eso es lo que encontró una auditoría realizada a la ANDIS —el organismo nacional que gestiona la seguridad social— al comparar los listados de deuda exigible de dos áreas internas. La diferencia no es un error de tipeo: es un desfasaje que quedó plasmado en un informe oficial.
El trabajo de auditoría cruzó los registros de distintas dependencias del organismo y detectó que los números no cerraban. Ese tipo de inconsistencia, cuando aparece en un ente que maneja prestaciones y haberes de millones de argentinos, no es un dato menor: habla de la calidad de los controles internos y de la capacidad real del Estado para saber, con precisión, cuánto debe y a quién.
Pero el desfasaje no fue lo único que llamó la atención. El informe también observó pagos tramitados bajo la figura de legítimo abono, un mecanismo que permite abonar gastos sin seguir el circuito administrativo habitual. Cuando esa figura se usa de manera recurrente o injustificada, suele ser señal de que algo en el proceso regular no está funcionando —o de que alguien prefiere evitarlo.
La ANDIS es el organismo que, desde la reorganización del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei, concentra funciones que antes estaban distribuidas en distintas agencias vinculadas a la discapacidad y la seguridad social. Su gestión quedó bajo la lupa pública desde su creación, y este tipo de hallazgos auditores no hacen más que alimentar la demanda de mayor transparencia en el manejo de los recursos.
El informe no establece responsabilidades penales ni señala nombres: ese no es el rol de una auditoría. Lo que sí hace es dejar constancia de irregularidades que el organismo deberá explicar y, en lo posible, corregir. La pelota queda en la cancha de las autoridades de la ANDIS para dar respuestas concretas sobre el origen del desfasaje y el uso de los pagos observados.
