La tensión entre el gobierno de Entre Ríos y ATE escaló a los tribunales. El Ejecutivo provincial denunció penalmente a integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado por los incidentes ocurridos el 8 de septiembre durante una protesta en la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en calle Corrientes 399 de Paraná.
La denuncia fue radicada ante la Unidad Fiscal de Paraná por la directora general de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp. Según el texto de la presentación, alrededor de 100 personas identificadas con pecheras de ATE llegaron al organismo y forzaron el ingreso tras un forcejeo con el personal de Mesa de Entradas. El relato oficial también menciona empujones con empleadas, golpes contra puertas, daños en mobiliario y amenazas. Uno de los empleados, según la denuncia, quedó encerrado en una oficina y llamó al 911. El Ejecutivo anunció que aportará registros fílmicos y testimonios a la Justicia.
La protesta había sido convocada por ATE en reclamo de la reapertura de las paritarias, la recuperación salarial, la carrera administrativa y mejoras en las condiciones laborales. Un pliego de demandas concretas, de esas que los gremios llevan meses pidiendo respuesta sin obtenerla.
Desde el gremio, la respuesta fue contundente: rechazo total a la denuncia y negación de cualquier acto de violencia. ATE calificó la movilización como una protesta “firme, contundente y enérgica, pero pacífica”, y cuestionó además que Kapp haya realizado la presentación judicial pese a no haber estado presente en el lugar durante los hechos. El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, se presentó ante la Fiscalía junto al equipo jurídico del gremio y puso a disposición de la Justicia los elementos que el sindicato considera necesarios para esclarecer lo ocurrido.
El conflicto trascendió las fronteras provinciales. ATE Capital emitió un comunicado de solidaridad con los trabajadores y dirigentes entrerrianos, y fue directo al hueso: sostuvo que la denuncia tiene como objetivo “la estigmatización, el disciplinamiento y la criminalización de la protesta y la acción sindical”. “Una denuncia no puede convertirse en fundamento para responsabilizar colectivamente a una organización sindical ni para deslegitimar el ejercicio de representación gremial”, señaló el comunicado, que cerró con una frase que resume la postura del movimiento: “Protestar no es delito”.
Ahora será la Justicia de Paraná la que deberá determinar si hubo delitos en aquella jornada de septiembre. Mientras tanto, la pelea entre el gobierno de Rogelio Frigerio y los estatales entrerrianos suma un capítulo judicial que promete tensionar aún más una relación que ya venía al límite.
