Una frase sola lo dice todo: “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”. Eso dijo Patricia Bullrich, senadora y presidenta del PRO, esta mañana en Radio Rivadavia, cuando le preguntaron por los cambios en el sistema de discapacidad que el gobierno de Javier Milei metió en el proyecto de Presupuesto 2027. Su respuesta fue una declaración de malestar hacia adentro de la propia coalición gobernante.
Bullrich admitió sin rodeos que el tema “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política del oficialismo y que el presupuesto llegó con esos artículos sin previo aviso para los socios. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó. La situación la expone a ella y a otros legisladores aliados que llegan al Congreso sin información y quedan en evidencia frente a sus propios bloques y frente a la oposición. No es un detalle menor: la aprobación del presupuesto es estratégica en un año electoral y la coordinación interna muestra una grieta visible.
La senadora también reconoció que en Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores opositores para tratar el tema de discapacidad “de determinada manera”, acuerdo que ahora quedaría en cuestión con la aparición de estos artículos. “Está bastante peliaguda la discusión”, admitió.
Y la discusión lo merece. El proyecto incluye, en su Capítulo VI, los artículos 36 a 41, que modifican en forma permanente pilares del sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más sensibles figura la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios profundos en la ley 24.901, que desde 1997 sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral.
El corazón de la reforma apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas: el texto establece que ya no incluirá valores universales, lo que elimina los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores. En la práctica, las familias de personas con discapacidad deberán negociar individualmente el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, lo resumió con crudeza: “Es letal la desregulación del nomenclador único”.
Otro cambio central reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral, lo que implica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no funcionará como garantía directa de acceso a las prestaciones. Además, quienes cuenten con empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderán la compatibilidad con ese beneficio, una modificación que hasta ahora permitía a muchas personas con discapacidad trabajar sin perder su cobertura.
Desde la oposición, las reacciones fueron inmediatas. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como “ilegales e inconstitucionales” y denunció que el proyecto busca desmantelar la ley de emergencia. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue más técnico pero igual de contundente: “Eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto”. El Senado, que actúa como cámara revisora en materia presupuestaria, deberá esperar el texto que llegue desde Diputados antes de definir su postura.
