Un fallo judicial puso en pausa uno de los debates más calientes de la política argentina. Una jueza suspendió por 60 días la aplicación de la baja de la imputabilidad a los 14 años, en una decisión que sacudió al oficialismo y encendió la polémica en todo el arco político.
La magistrada hizo lugar a un habeas corpus presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, organización que trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad y que cuestionó la constitucionalidad de la medida. El recurso prosperó y, al menos durante dos meses, la norma queda sin efecto mientras la Justicia analiza el fondo del asunto.
La respuesta del oficialismo no tardó. La senadora Patricia Bullrich salió con los tapones de punta: cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y apuntó contra el llamado “garantismo” como responsable del fallo. Para Bullrich, la suspensión es una muestra más de una Justicia que, según su lectura, protege a los victimarios antes que a las víctimas.
La baja de la edad de imputabilidad es una de esas discusiones que divide aguas de manera tajante. Quienes la impulsan argumentan que la inseguridad tiene cada vez más protagonistas menores de edad y que el sistema penal juvenil actual no tiene herramientas suficientes para responder. Del otro lado, organizaciones sociales, juristas y referentes de la Iglesia sostienen que criminalizar la adolescencia no resuelve nada y que el Estado tiene deudas mucho más profundas con esos pibes.
Lo cierto es que la decisión judicial abre un compás de espera de 60 días que puede convertirse en un campo de batalla político de primer orden. En ese tiempo, el debate seguirá en los tribunales, en el Congreso y en la calle. El fallo no cierra la discusión: la intensifica.
