Mover la planta no es suficiente. Esa es la postura que dejaron en claro los concejales del bloque Juntos por Uruguay PJ de Concepción del Uruguay frente al proyecto de HIF Global para instalar una planta de e-combustibles en territorio uruguayo, sobre la margen del Río Uruguay.
El proyecto estaba previsto originalmente al norte de Paysandú, frente a las costas de Colón, lo que generó alarma en distintos sectores entrerrianos por la cercanía al río y a las localidades ribereñas. Tras una serie de reclamos, el Gobierno uruguayo confirmó que la planta será relocalizada, aunque sin precisar todavía el nuevo emplazamiento definitivo. La alternativa que se maneja es un predio en la zona de Nuevo Paysandú, más alejado de la costa entrerriana.
Para los concejales, sin embargo, ese movimiento no cierra el debate. “Cambiar la ubicación no significa eliminar sus posibles impactos. No aceptamos que proteger a una ciudad entrerriana implique trasladar la incertidumbre hacia otra comunidad de la región”, señalaron en un comunicado. Y fueron más directos aún: “El Río Uruguay no es una variable de ajuste. Es un recurso de todos y lo vamos a defender”.
El bloque recordó que viene planteando reparos al proyecto desde el primer semestre de 2025, cuando impulsaron un Proyecto de Comunicación reclamando información pública, participación ciudadana y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. También promovieron que la preocupación se extendiera a otros Concejos Deliberantes de la costa del río, argumentando que no se trata de un problema exclusivo de Colón o Paysandú sino de toda la región vinculada al Río Uruguay.
Los reclamos concretos son varios: conocer con precisión el nuevo emplazamiento, qué uso hará la planta del agua, qué procesos industriales desarrollará, qué emisiones y efluentes producirá, qué infraestructura demandará y cuáles podrían ser sus riesgos acumulativos sobre el ambiente. “Lo que ocurre sobre una margen del río no termina en esa margen: el río es compartido, y también pueden serlo sus consecuencias”, afirmaron.
El bloque también respaldó la decisión de los legisladores nacionales entrerrianos Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay de llevar el planteo al ámbito judicial, considerando que la acción política e institucional logró poner el proyecto en la agenda binacional y revisar su ubicación original.
Para los concejales de Concepción del Uruguay, el Estatuto del Río Uruguay y el Acuerdo de Escazú deben ser tenidos en cuenta antes de cualquier decisión definitiva, garantizando acceso a la información, transparencia y participación de las comunidades potencialmente afectadas. La postura del bloque es clara: la defensa del río debe ser el eje de cualquier discusión sobre el proyecto, independientemente de dónde termine instalándose la planta.
