La pregunta era siempre la misma y nunca tenía respuesta: ¿a dónde iba el dinero de la tasa vial rural? En Magdalena, provincia de Buenos Aires, los productores agropecuarios se cansaron de reclamar y decidieron dar un paso más: pidieron gestionar ellos mismos los recursos. El resultado es uno de los experimentos de participación público-privada más concretos que se vieron en el agro bonaerense en los últimos años.
Todo arrancó con una ordenanza. En julio de 2025, el Concejo Deliberante de Magdalena sancionó la Ordenanza 4334/25, que creó la Comisión Administradora de Servicios Rurales (CASER). La comisión empezó a operar formalmente el 2 de febrero de 2026, integrada por 18 miembros que trabajan ad honorem: productores, representantes de la Sociedad Rural, funcionarios municipales, concejales, usuarios de los caminos y el Consejo Escolar.
La clave del modelo está en los números: en Magdalena, todos los productores pagan 4 litros de gasoil por hectárea al año en concepto de tasa vial rural, y la recaudación total de 2025 se ubicó entre 1.100 y 1.200 millones de pesos. De ese total, el 80% queda afectado al mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural, bajo administración directa de la CASER. El dinero sigue circulando por los canales municipales, pero la comisión define prioridades, planifica y hace el seguimiento de las obras.
El estado inicial del parque vial era, según describió José Miguel Vergara, tesorero de la CASER, “lamentable”. Cuando se hizo la entrega de la maquinaria bajo escribano, solo había una motoniveladora funcionando. Había además dos equipos LiuGong relativamente nuevos, con apenas 300 horas de uso, pero con desperfectos importantes que nadie había reparado. La comisión los recuperó todos.
“Empezamos con una motoniveladora y hoy tenemos cinco, una asignada a cada uno de los cinco cuarteles rurales del partido”, destacó Vergara. Con ese parque recuperado, la CASER está realizando alrededor de 200 kilómetros por mes de trabajos sobre una red total que ronda los 950 a 1.100 kilómetros. También compraron una camioneta y un camión, adquisiciones que deben realizarse a través de los canales administrativos municipales según establece la propia ordenanza.
El modelo de Magdalena no nació de la nada: antes de presentar la propuesta, los socios de la Sociedad Rural recorrieron distritos bonaerenses como Benito Juárez, Tandil y General Madariaga para estudiar cómo funcionaban esquemas similares. Encontraron la puerta abierta en la gestión del intendente Lisandro Hourcade, quien aceptó la propuesta y le dio forma institucional. Lo que antes era una queja de campo se convirtió en política pública con herramientas concretas, presupuesto propio y rendición de cuentas.
