Mientras Bolivia avanza a paso firme y Chile abre investigaciones legislativas, en Argentina reina un silencio que incomoda. El caso de Cerimedo, el operador mediático detenido en territorio boliviano tras un intento de femicidio, se convirtió en algo mucho más grande que una causa policial: es el espejo en el que se refleja cómo funciona —o deja de funcionar— la Justicia en este país.
La Justicia boliviana no solo desentrañó el hecho que motivó la detención, sino que avanza sobre una red de corrupción y poder que involucra al presidente de ese país y se extiende hacia los vecinos. En Chile, el cuerpo legislativo ya abrió una investigación para determinar los vínculos de Cerimedo con el presidente electo. En Argentina, en cambio, nada. Y eso llama la atención, porque Cerimedo es oriundo de acá, y su exesposa mantiene negocios entre empresas vinculadas al Estado nacional y el Estado boliviano.
La pregunta que flota en el aire es incómoda: ¿por qué la Justicia argentina no se mueve? Quienes siguen el caso señalan que no es la primera vez que esto ocurre. Los casos ANDIS y Libra son dos ejemplos recientes de una lentitud que, cuando se trata de tocar intereses del poder gubernamental, se vuelve casi estructural.
El análisis del comportamiento histórico de la Corte Suprema agrega contexto. En el período 1973-1976, la Corte tuvo una composición con impronta justicialista que priorizó el principio in dubio pro justicia socialis, es decir, equilibrar la balanza a favor de los más vulnerables frente a los más poderosos. El caso Swift-Deltec fue emblemático: la Corte de entonces dejó en claro que los intereses económicos extranjeros no podían imponerse sobre las necesidades de la sociedad argentina.
Después vino el Golpe Cívico-Militar de 1976 y con él, la peor versión posible: la Corte del Proceso convalidó que tribunales militares juzgaran a civiles, mientras desapariciones forzadas, torturas y apropiación de bebés se volvían, en los hechos, toleradas por el sistema judicial. Una mancha que no se borra.
Lo que el caso Cerimedo pone sobre la mesa no es solo la figura del operador mediático y sus supuestos vínculos con el poder regional. Es algo más profundo: la pregunta sobre si la Justicia argentina es capaz de actuar con independencia cuando el poder real está en juego. La historia reciente sugiere que esa independencia tiene límites muy concretos, y que esos límites suelen coincidir, con llamativa precisión, con los intereses de quienes mandan.
Mientras tanto, la investigación sigue abierta en Bolivia y en Chile. En Argentina, el expediente todavía no existe.
