El reloj corre y los abogados lo saben. Apenas la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso extraordinario de los condenados en el Megajuicio de 2022, las defensas de Sergio Urribarri y de Pedro Báez salieron a pedir arresto domiciliario antes de que se concrete el traslado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano ya habían solicitado formalmente este jueves al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná la detención inmediata y el traslado a prisión de los tres condenados: el exgobernador Urribarri, actualmente en su domicilio de calle Garat 291 de Concordia; Juan Pablo Aguilera, en General Campos, departamento San Salvador; y Báez, quien ya cumplía prisión domiciliaria en calle Juan Manuel Jozami 2123 de la ciudad de Paraná.
Los vocales María Carolina Castagno y Julián Carlos Vergara receptaron el pedido fiscal pero lo elevaron a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, aguardando la notificación formal del fallo de la Corte. Según informó la secretaria de esa Sala, Melina Arduino, al 3 de septiembre de 2026 la sentencia ya estaba publicada en el sistema web del Poder Judicial de la Nación, aunque aún no había llegado la comunicación oficial por el sistema DEOX. Fuentes judiciales indicaron que ese trámite demora entre 24 y 72 horas, por lo que el diligenciamiento de las detenciones sería inminente.
Antes de que el Tribunal resuelva, las defensas se apuraron a presentar sus escritos. La de Urribarri argumentó que el exgobernador «cumplió de manera estricta» la restricción de no salir de Concordia, sin registrar incumplimientos, y que actualmente «cursa un cuadro de trastorno de estrés postraumático» según diagnóstico del psiquiatra Julio H. Curotto. Sostienen que ese cuadro clínico encuadra en las previsiones legales que habilitan la morigeración de la pena en el domicilio, donde lo acompaña su esposa, Ana Lía Aguilera.
En el caso de Pedro Báez, la defensa describió un cuadro de diarrea crónica, dolor abdominal y pérdida de peso importante, con síntomas que se habrían agravado en el último año según el médico tratante José Luis Cittadino. Los abogados cuestionaron además las condiciones de la Unidad Penal de Paraná, señalando el hacinamiento y el estado edilicio, e invocaron la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos para sostener que el encierro allí no garantizaría un tratamiento adecuado.
Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de prisión; Báez y Aguilera, a 6 años y 6 meses cada uno. Ahora, con el fallo de la Corte cerrando la última puerta recursiva, la resolución del Tribunal sobre estos pedidos de domiciliaria definirá si los condenados van efectivamente a la cárcel o logran una nueva prórroga de sus condenas en sus propios hogares.
