Plata autorizada, decretos firmados, montos publicados. Pero el detalle de qué autos cubre ese dinero: desaparecido. El Gobierno de Entre Ríos aprobó pagos por más de $21 millones en seguros de vehículos oficiales y los formalizó en el Boletín Oficial, pero omitió publicar los anexos que identifican las unidades involucradas.
El Decreto N° 2310/2026 autorizó el pago de $19.101.638,39 a favor del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) por una póliza de seguro automotor de la Secretaría de Energía. La cobertura correspondió al período entre el 1° de enero y el 1° de julio de 2026. El decreto remite a un Anexo I para conocer cuáles son los vehículos incluidos, pero ese anexo brilla por su ausencia en la publicación oficial.
El segundo caso es el Decreto N° 2322/2026, que reconoce un gasto de $2.105.559,84 por seguros del parque automotor del Ministerio de Gobierno y Trabajo, correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Mismo mecanismo: el listado de unidades aseguradas figura en un Anexo I que tampoco aparece publicado.
El resultado es que cualquier ciudadano que consulte el Boletín Oficial puede saber cuánto se gastó y en qué organismo, pero no puede saber cuántos vehículos están cubiertos, qué modelos son, cuáles son sus patentes ni a qué dependencias están asignados. La transparencia llega hasta donde conviene y se detiene justo antes del detalle.
Hay otro dato que llama la atención en el caso de la Secretaría de Energía: el decreto fue firmado el 29 de julio de 2026, cuando la póliza ya había vencido el 1° de julio. Es decir, se formalizó el pago de una cobertura que ya había expirado. En el caso del Ministerio de Gobierno y Trabajo, la situación es similar: el decreto publicado ahora reconoce gastos de ejercicios anteriores, lo que implica que la regularización llegó con meses o años de demora.
La publicación de los decretos sin sus anexos impide ejercer el control ciudadano básico sobre el uso de los recursos del Estado provincial. Sin el detalle de las unidades, no es posible verificar si los vehículos asegurados existen, si están en uso activo o si el parque automotor oficial es coherente con las necesidades de cada organismo.
