El mercado del cáñamo industrial en Argentina acaba de recibir un marco regulatorio concreto. La ARICCAME —el organismo nacional que regula la industria del cannabis medicinal e industrial— reglamentó las condiciones bajo las cuales productores, procesadores y comercializadores podrán trabajar con flores, biomasa y otros materiales derivados de Cannabis sativa L. no psicoactiva.
La resolución establece cuatro categorías de permisos, cada una con exigencias diferenciadas según el tipo de actividad que se quiera desarrollar. No es lo mismo cultivar que procesar, ni procesar que comercializar: la norma lo deja en claro y obliga a los actores del sector a encuadrarse en la categoría que corresponda antes de operar.
Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la trazabilidad. El Estado exigirá controles en toda la cadena productiva, desde la semilla hasta el producto final, para garantizar que el material trabajado no supere los umbrales de THC que definen la condición no psicoactiva de la planta. Sin trazabilidad verificable, no hay permiso posible.
Los establecimientos también deberán cumplir con exigencias específicas de infraestructura y documentación. La norma apunta a ordenar un sector que venía creciendo en un limbo regulatorio, con productores que apostaban al cáñamo industrial sin tener certezas sobre las reglas del juego.
Para la región del noreste entrerriano, donde la diversificación agrícola es una necesidad cada vez más urgente, la apertura formal de este mercado puede representar una oportunidad concreta. El cáñamo industrial tiene aplicaciones en textiles, construcción, cosmética y suplementos alimentarios, rubros con demanda creciente tanto en el mercado interno como en la exportación. La reglamentación publicada es el primer paso para que esa oportunidad deje de ser una promesa y empiece a tener forma legal.
