jueves, septiembre 3, 2026
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40 años cotizados y pensión recortada: jubilados llevan firmas al Congreso de España

Trabajaron toda la vida, algunos desde los 14 años, y cuando llegó el momento de retirarse el sistema los castigó. No por no haber cumplido: por haberse ido unos meses o años antes de la edad legal. Eso es lo que une a Manuel Guarino, Antonio Matinero, Nieves Fernández y José Lobo, cuatro jubilados españoles que este jueves llevaron al Congreso de España más de 175.000 firmas para exigir el fin de las penalizaciones perpetuas en las pensiones anticipadas.

El reclamo apunta a los llamados coeficientes reductores, un mecanismo que recorta de forma permanente la pensión de quienes se jubilan antes de la edad ordinaria, aunque hayan cotizado durante cuatro décadas o más. Para los impulsores de la campaña, la lógica es simple: si ya aportaste al sistema mucho más de lo que exige el mínimo, ¿por qué seguir pagando el castigo de por vida?

Los casos son distintos pero el resultado es el mismo. Manuel Guarino, enfermero de la sanidad pública con 43 años cotizados, se jubiló apenas seis meses antes de la edad legal y eso le costó 50 euros menos por mes para siempre. Nieves Fernández acumuló 46 años y dos meses de aportes sin cobrar un solo día de desempleo, pero el desgaste físico la obligó a retirarse a los 63 y su pensión quedó igualmente recortada. José Lobo empezó a trabajar a los 14 años, cotizó 45 años y medio, fue expulsado del mercado laboral con un contrato temporal a los 61 y hoy carga con una reducción del 24% en su pensión. Antonio Matinero, delineante, no eligió jubilarse antes: el cierre de su estudio y la imposibilidad de conseguir empleo lo empujaron al retiro anticipado tras 45 años de aportes.

El trasfondo político no es menor. En junio pasado, el PP y el PSOE rechazaron en el Congreso español una reforma impulsada por Podemos que buscaba eliminar exactamente estas penalizaciones para quienes superaran los 40 años cotizados. La medida contó con apoyo de Sumar, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras que Vox se abstuvo. El Gobierno estimó que la reforma tendría un costo anual de 3.358 millones de euros. Ese fue el argumento del rechazo.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue directa tras la votación: “El bipartidismo contra los jubilados, otra vez, como en 2011, como siempre. Armas sí, pensiones no”, escribió en sus redes. La frase, más allá de la carga política, resume la bronca de miles de trabajadores con largas carreras que hoy cobran menos de lo que les correspondería.

Con la entrega de firmas de este jueves, los cuatro jubilados buscan que los grupos parlamentarios retomen la discusión y avancen en una reforma que, según los impulsores, no es un privilegio sino una cuestión de justicia básica: que cuatro décadas de trabajo no terminen siendo castigadas de por vida por unos meses de diferencia en la fecha de retiro.

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