Después de más de seis décadas, Entre Ríos le puso fin a uno de los privilegios más resistidos de la política provincial: las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. La medida se convirtió en ley y el propio gobernador Rogelio Frigerio salió a ponerle el pecho.
“Pusimos fin a más de 60 años de privilegios“, dijo Frigerio al referirse a la norma, en una declaración que mezcla orgullo político con una cuota de autocrítica institucional. Porque no es menor el gesto: el mandatario confirmó que él mismo y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros en quedar alcanzados por la eliminación.
La pensión vitalicia era uno de esos beneficios que la clase política se había otorgado a sí misma y que sobrevivió a décadas de crisis, ajustes y reclamos ciudadanos. Más de 60 años de vigencia hablan de una inercia institucional que ninguna gestión anterior había querido o podido romper. Que sea la propia administración la que impulse su derogación, y que afecte directamente a quienes hoy gobiernan, le da a la medida un peso político que no es habitual en este tipo de reformas.
El debate sobre los privilegios de la política no es nuevo en Entre Ríos ni en el resto del país. Pero pocas veces una decisión de este tipo llega con nombre y apellido de los afectados ya en el primer párrafo de la norma. Frigerio y Aluani no van a cobrar esa pensión cuando dejen el cargo, y eso, en el contexto político actual, tiene un valor simbólico concreto.
La ley ya está vigente y marca un antes y un después en el esquema de beneficios post-mandato para los máximos representantes del Poder Ejecutivo provincial.
