El martes 1° de septiembre se cerró una etapa y se abrió un problema: el convenio entre PAMI y el Sanatorio Concordia dejó de existir, y con él quedaron en el aire 15.000 afiliados que hasta ahora tenían en esa clínica su prestador de internación. Cada parte tiene su versión, y ninguna cede.
La postura oficial del Instituto llegó este martes con un comunicado que no deja lugar a dudas sobre a quién le cargan la responsabilidad: “La salida del Sanatorio Concordia responde a una decisión unilateral del prestador de rescindir el convenio a partir del 1 de septiembre”, sostuvieron desde PAMI. Y agregaron que el Instituto no abandona a sus afiliados, sino que está “reorganizando la red” para garantizar la continuidad de la atención. La cápita, prometieron, será reasignada y cada beneficiario recibirá información sobre su nuevo prestador.
El Sanatorio, por su parte, había explicado la semana pasada que la decisión no fue caprichosa ni repentina. Según la institución, durante más de diez meses reclamó una actualización de aranceles sin obtener respuesta, y denunció un atraso del 130% en los valores que PAMI abona por las prestaciones. Ese desfasaje, sostuvieron, hacía inviable seguir operando bajo las condiciones vigentes. El 26 de junio enviaron una Carta Documento formalizando la rescisión, con fecha efectiva para el 1° de septiembre.
Lo que más duele en el relato del Sanatorio es la audiencia que nunca fue: una reunión con autoridades de PAMI Central prevista para el 6 de agosto fue suspendida y jamás volvió a reprogramarse. Una puerta que se cerró sin abrirse del otro lado. La institución también advirtió que el traslado masivo de demanda al sistema público podía generar un colapso en los hospitales Masvernat y Felipe Heras.
Uno de los puntos más delicados del conflicto son los pacientes oncológicos. El Sanatorio había informado que desde este martes quedarían suspendidas las cirugías programadas para afiliados de PAMI, incluidas las oncológicas, y que quienes realizan quimioterapia debían coordinar con el Instituto dónde continuarían su tratamiento. PAMI respondió con una garantía: la continuidad de esos tratamientos estará asegurada hasta que se concrete la reasignación. “La prioridad es que ningún afiliado vea interrumpida su atención como consecuencia de esta transición”, afirmaron.
PAMI también reconoció, aunque con matices, el reclamo económico del Sanatorio. Aseguró que viene realizando “un esfuerzo sostenido por actualizar los valores del nomenclador”, en línea con su compromiso hacia los prestadores de la red. La distancia entre ese esfuerzo y el 130% de atraso que denuncia el Sanatorio es, por ahora, el corazón del conflicto. Mientras las versiones chocan, los 15.000 afiliados concordienses esperan saber, concretamente, quién los va a atender y dónde.
