Casi uno de cada dos trabajadores en Argentina está fuera del sistema de protección laboral formal. Eso no es una estimación ni una proyección: es lo que muestran los datos oficiales del INDEC, compilados en un informe que pone sobre la mesa una realidad que muchos ya viven pero que pocas veces aparece con números tan contundentes.
El 45% de los trabajadores del país se encuentra en situación de desprotección laboral, según el relevamiento. Sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin acceso a licencias ni indemnización. Trabajo en negro, changas, informalidad pura y dura. Pero el dato más duro aparece cuando se desagrega por franja etaria: entre los jóvenes y los mayores de 66 años, esa cifra escala hasta el 60%. Los dos extremos de la vida activa, los más vulnerables, son también los más desprotegidos.
La socióloga Candelaria Rueda analizó los datos y puso en contexto lo que los números solos no alcanzan a explicar: la desprotección laboral no es solo una estadística, es la ausencia de un piso mínimo de derechos para millones de personas que trabajan todos los días sin que el Estado los vea como trabajadores plenos.
El escenario plantea una pregunta que no tiene respuesta fácil: en un país donde casi la mitad de quienes trabajan lo hacen sin red, cualquier política de empleo que no ataque de frente la informalidad es, en el mejor de los casos, insuficiente. La discusión sobre el mercado laboral argentino tiene estos números como punto de partida ineludible.
