Cuarenta años sin parar. Eso es lo que hace que la medida de fuerza del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) tenga un peso que va mucho más allá de un conflicto gremial de rutina. Este martes 1° de septiembre, desde las 6:00 de la mañana, los trabajadores viales de toda la provincia paran por 24 horas y se movilizan frente a la Legislatura provincial. La última vez que Soever llegó a esto, Argentina era otro país.
La decisión la tomó la Comisión Directiva Central frente a la inminencia del tratamiento legislativo del proyecto de Ley de Consorcios Camineros. Pero el sindicato deja en claro que no es solo eso: es una acumulación. Enumeran la modificación de la Ley Provincial N° 6.351 de Obras Públicas, el avance de consultoras externas en tareas técnicas que siempre fueron de Vialidad, el cierre o debilitamiento de estructuras zonales, y cambios que afectan el régimen previsional de los trabajadores viales. Todo junto, dicen, configura un proceso de vaciamiento.
“Estamos frente a un proceso de vaciamiento de Vialidad Provincial”, señalaron desde Soever. “No se trata solamente de una ley. Se trata de una serie de decisiones que, tomadas en su conjunto, pueden reducir la capacidad del Estado para planificar, proyectar, ejecutar, conservar, mantener y controlar su propia red vial.” La frase es contundente y el diagnóstico, difícil de rebatir si se miran los puntos uno por uno.
El proyecto de Consorcios Camineros es el detonante inmediato. Para el sindicato, su implementación abre la puerta a la transferencia y fragmentación de tareas que hoy son función propia de Vialidad. La lógica del gremio es simple: si el Estado terceriza lo que sabe hacer, pierde la capacidad de hacerlo. Y cuando la necesita de vuelta, ya no tiene ni la gente ni el conocimiento acumulado.
Lo mismo aplica para las estructuras zonales, que Soever describe como unidades esenciales: concentran trabajadores, maquinaria, talleres, infraestructura y capacidad de intervención directa sobre la red vial entrerriana. Cerrarlas o debilitarlas no es un ajuste administrativo; es desmantelar la presencia territorial del Estado en los caminos de la provincia.
“La respuesta no puede ser debilitar el organismo estatal especializado. La respuesta tiene que ser fortalecerlo”, afirmaron. Y aclararon, con énfasis, que no se oponen a mejorar la conservación de los caminos: se oponen a que esa mejora sirva de excusa para sustituir o vaciar a Vialidad.
La movilización del martes concentrará a trabajadores viales frente a la sede de la Honorable Legislatura de Entre Ríos, donde se espera el tratamiento del proyecto. El mensaje que llevan es claro: una Vialidad fuerte no es solo una cuestión laboral, sino una necesidad para toda la provincia, para la producción, la integración territorial y la seguridad vial de las comunidades entrerrianas. Si la Legislatura avanza igual, el conflicto recién empieza.
