Tres frentes abiertos al mismo tiempo. Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, atraviesa uno de sus momentos de mayor exposición política desde que asumió: la polémica por los comedores escolares, el nivel de deuda pública provincial y la extracción de arena silícea en los humedales del sur configuran un escenario de resistencia interna que empieza a forzar correcciones en su estrategia de gobierno.
El episodio que más ruido generó en las últimas semanas fue el de los comedores. El gobierno provincial impulsó un esquema que reemplazaría a los proveedores locales de alimentos frescos por raciones secas abastecidas por una empresa foránea. Distintos sectores rechazaron la iniciativa, y las contradicciones entre funcionarios no ayudaron: según trascendió, la ministra Berisso habló de un contrato de 42 millones de pesos, mientras Frigerio mencionó 22 millones, y el abogado Rubén Pagliotto, que presentó una denuncia al respecto, fijó la cifra en 101 millones. La empresa mencionada, Teknofood, acumula según distintas denuncias una serie de cuestionamientos que el gobierno no ha respondido públicamente. Ante la presión, el oficialismo debió dar marcha atrás o al menos recalibrar el rumbo.
El segundo frente es la deuda pública. Analistas y sectores opositores advierten que la cifra acumulada por la provincia ya alcanzaría el orden del billón de pesos, una herencia que se remontaría a la gestión anterior pero que, según los críticos, la actual administración profundizó. En paralelo, el gobierno creó un ente autárquico con facultades para administrar y eventualmente enajenar patrimonio provincial, incluyendo tierras fiscales en los humedales del sur. Ese punto genera particular inquietud en sectores que monitorean de cerca la política de tierras en la provincia.
El tercer tema es el más silencioso pero quizás el más voluminoso en términos económicos: la extracción de arena silícea de los humedales entrerrianos para abastecer el fracking en Vaca Muerta. Datos que surgirían de las propias empresas extractoras indicarían un volumen de alrededor de ocho millones de toneladas anuales. Sectores que cuestionan el esquema sostienen que esa arena le representa a las petroleras un ahorro de magnitud, y que Entre Ríos sería la única provincia minera del país que no recauda regalías mineras de esa actividad. Si se aplicara una alícuota del veinte por ciento sobre el ahorro que obtienen las empresas, el impacto en las cuentas provinciales sería, según esa lectura, significativo. El gobierno no ha dado una respuesta pública detallada sobre este punto.
Lo cierto es que los tres temas tienen un denominador común en la lectura de quienes los critican: decisiones que sacan recursos del circuito económico provincial hacia empresas o actores radicados fuera de Entre Ríos. Frigerio no ha respondido públicamente con ese nivel de detalle. Lo que sí quedó expuesto fue el nerviosismo: sus declaraciones recientes sobre la obra social OSER, a la que describió como una de las mejores del mundo, fueron leídas por muchos entrerrianos como una señal de que algo en la comunicación del gobierno no está funcionando. El debate está abierto y la presión, por ahora, no cede.
