Dos años de trabajo y un resultado concreto: el Gobierno de Entre Ríos regularizó la ocupación de 124.000 hectáreas de tierras fiscales que estaban en manos de particulares de manera irregular o directamente clandestina, sin ningún control sistemático sobre su uso ni sobre lo que se hacía con ellas.
Esa superficie representa aproximadamente el 65% del total de terrenos de propiedad provincial. Una cifra que, dicho así, suena enorme, y lo es: durante años, la mayor parte del patrimonio inmobiliario de la Provincia estuvo ocupado sin que el Estado supiera bien quién, cómo ni para qué.
La regularización se hizo a través de permisos de uso de suelo con carácter oneroso, es decir, los ocupantes ahora pagan un canon. Eso genera ingresos genuinos para las arcas provinciales, algo que antes simplemente no existía porque el uso era gratuito de hecho, aunque ilegal.
La mayor parte de esas tierras se encuentra en el Delta del Paraná, particularmente en los departamentos de Gualeguay y Victoria. Son superficies con distintos niveles de aprovechamiento productivo, algunas con potencial considerable que hasta ahora el Estado no había sabido cuantificar ni capitalizar.
El proceso arrancó bajo el programa de Regularización de la Ocupación de las Tierras Fiscales y ahora quedó en manos de la Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper), creada recientemente por la gestión de Rogelio Frigerio. La nueva agencia tiene por delante una tarea concreta: relevar los 200 lotes de propiedad provincial, con datos sobre sus características productivas y su valor locativo real.
El titular de la Aabiper, Eduardo Asueta, fue directo al señalar el problema de fondo: hoy los cánones se fijan con criterios generales y sin información precisa sobre el potencial económico de cada terreno. Dicho de otro modo, la Provincia cobra lo que puede, no lo que debería. El relevamiento apunta justamente a corregir eso.
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, vinculó todo el proceso con la decisión de revisar el patrimonio inmobiliario provincial desde el inicio de la gestión actual. La intención declarada es avanzar hacia un sistema público de administración de inmuebles fiscales, con información abierta sobre los terrenos y los contratos vigentes, y con mecanismos transparentes para acceder a los permisos de uso.
El desafío que queda es completar el inventario y establecer valores de canon que reflejen la realidad productiva de cada lote. Si la Provincia logra ese paso, habrá convertido un patrimonio que durante años fue tierra de nadie en un activo genuino del Estado entrerriano.
